Comprometidos con procurar una vida libre de violencia para las mujeres sinaloenses, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este martes de manera unánime diversas reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las que se aumenta la pena del delito de femenicidio de una pena mínima de 40 años de prisión hasta una máxima de 60 años, cuando anteriormente se establecía la pena de 25 a 40 años por este delito.
Las penas se agravarán hasta en una tercera parte en sus límites mínimo y máximo, cuando el sujeto activo sea servidor público y cometa el ilícito en el ejercicio de sus funciones, cuando la víctima estuviera embarazada, cuando se trate de un delito cometido por dos o más personas, o cuando el delito se cometa en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviera relación de parentesco, noviazgo, amistad, afectiva o de confianza.
También se agravarán las penas hasta en una tercera parte cuando el sujeto activo se haya valido de su oficio de conductor un vehículo de transporte de pasajeros o de turismo público y privado para la comisión del delito, o cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor o con discapacidad.
Alma Rosa Garzón, presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado y e integrante del Grupo Parlamentario de morena, habló a favor del dictamen y resaltó la convicción con la que la LXIV Legislatura ha trabajado en favor y protección de las mujeres.
“Reconozco el apoyo y la convicción de cada uno de los integrantes de esta Legislatura, este dictamen se deriva de varias iniciativas, pero el objetivo es uno sólo: garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y castigar de manera más amplia y severa los feminicidios que en los últimos años han lacerado de manera flagrante nuestra sociedad”, expresó la legisladora.
Se estableció también agravar las penas cuando se presenten lesiones en la víctima causadas por cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcasis ácidos o similares, en este supuesto la pena aumentará hasta en una mitad en sus límites mínimo y máximo, es decir que podrían ir hasta los 90 años de prisión.
Es de destacar, que se incluye en el delito de femenicidio a quién prive de la vida a una mujer por razones de género, es decir que se incluye a toda persona que haya modificado su identidad de género mediando resolución judicial o administrativa; además de que se incluye penar a quién induzca u obligue a una mujer a cometer suicidio o le preste ayuda para cometerlo,
La diputada morenista Almendra Negrete, integrante también de la Comisión de Justicia, expresó que de esta manera, el Congreso del Estado honra el compromiso con la seguridad de las mujeres sinaloenses.
“El delito ha venido a la baja, eso es indudable y se debe al compromiso y la sensibilidad del gobernador Rubén Rocha Moya, por ello es importante dotar al Poder Ejecutivo de elementos jurídicos que coadyuven a eliminar de raíz esta grave problemática. Nuestra tarea pendiente es prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, reconozco y agradezco aquí también el trabajo de los colectivos feministas sinaloenses en esa lucha eterna contra la violencia de género. En morena trabajamos por un Sinaloa más incluyente, digno e igualitario; destaco que en este dictamen se incluyen a las mujeres trans, resarciendo una deuda histórica y dando fe de un compromiso con la inclusión y al respeto para todos y todas”, expresó Almendra Negrete.
Finalmente, el Congreso del Estado aprobó una reserva para la suspensión, inhabilitación y destitución de aquel servidor público que intervenga y obstruya la investigación de un delito de femenicidio.
