El Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves un dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social, y la de Justicia; para establecer la organización y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa
El dictamen aprobado además reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de la Defensoría Pública, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios y de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, todas del Estado de Sinaloa.
Con este decreto, desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y los asuntos que no sean resueltos en el Centro de Conciliación Laboral, pasarán a los Juzgados de material laboral del Poder judicial del Estado.
De acuerdo con lo aprobado, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa estará sectorizado a la Secretaría General de Gobierno y será un organismo descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Se establece que contará con las y los servidores públicos que requiera para el cumplimiento de sus funciones, las que estarán contenidas en su Reglamento Interior. Las relaciones de trabajo entre el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa y su personal se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.
Además de un sistema de Servicio Profesional de Carrera, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Se considerarán trabajadores de confianza todos los servidores públicos de mandos superiores, mandos medios, de enlace, conciliadores, notificadores y demás que se señalen en el artículo 7, fracción IV de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.
Entre sus atribuciones destacan ofrecer y prestar el servicio público de conciliación laboral en conflictos del orden local, recibir solicitudes de conciliación de las y los trabajadores y patrones para su trámite, celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, establecer un sistema de servicio profesional de carrera y seleccionar mediante concurso abierto, bajo el principio de paridad de género y en igualdad de condiciones a su personal, presentar anualmente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, un informe general de las actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto de egresos, a fin de que se considere en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente e imponer multas de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.
Se establece también que el centro de Conciliación Laboral y los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial iniciarán actividades a más tardar el día 2 de mayo del año 2022, previa declaratoria del H Congreso del Estado, y que los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y ante las Juntas Especiales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
El diputado José Manuel Luque Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de morena y de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, participó en la discusión y recordó que la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral es parte de un proceso que se incluye en el marco de las modificaciones al sistema legal mexicano que se ha venido impulsando a partir del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y tienen su fundamento en las reformas realizadas a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobadas el 24 de febrero de 2017.
“Estamos en el momento de aprobar lo que nos corresponde en Sinaloa, para que la justicia laboral en nuestro estado tenga una connotación distinta a la histórica. Las reformas en materia de justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva auténtica, son los tres ejes centrales de esta Reforma”, consideró el diputado.
Observó también que esta iniciativa atiende el estricto sentido de legalidad, solucionando una añeja demanda de los trabajadores mexicanos; para garantizar su libertad de sindicalización, la negociación colectiva y la democratización de los sindicatos. Pero también es un asunto de justicia, pues durante muchos años la relación capital-trabajo ha estado cargada hacia un lado.
“Considero que la alta concentración de la riqueza que tiene este país está directamente relacionado con este sistema de reglas que estamos derogando. Se ha promovido el corporativismo y la corrupción en los sindicatos, o por lo menos se ha tolerado, por razones diversas, pero particularmente por alianzas entre los dueños del capital y los políticos. La justicia que hoy estamos procurando pretende hacer que los trabajadores puedan tener mejores condiciones desde el sistema legal, y desde los órganos e instituciones que se crean a partir de esta reforma”, dijo José Manuel Luque Rojas.
“Históricamente, la relación entre trabajadores y patrones es desigual, no se cuentan con los mismos recursos y esto deja a los trabajadores desprotegidos. Por lo que era imperante equilibrar estas desigualdades que se han acentuado por más de 100 años. En morena estamos convencidos de transitar por esta ruta para estrechar las brechas de desigualdad que existen en la relación del capital y el trabajo”, concluyó el morenista.
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