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Aprueba Congreso reforma que incorpora el acoso laboral al código penal de Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este jueves una reforma al artículo 189Bis del Código Penal del Estado de Sinaloa con la finalidad de establecer de manera clara el delito de acoso laboral. La reforma precisa que comete acoso laboral quien en el entorno de trabajo o con motivos de éste, con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas, realice actos o comportamientos sistemáticos y persistentes en forma evidente, sutil o discreta, que atenten contra la salud, la integridad o la dignidad de las personas en sus lugares de trabajo, y establece que se impondrán de dos a cuatro años de prisión, y de doscientos a cuatrocientos días de multa.


La diputada Francisca Abelló Jorda, Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia e integrante del grupo Parlamentario de morena, comentó que esta iniciativa era materia necesaria de trabajo de la Comisión que preside, pues el acoso laboral no existe en la legislación.


“Hicimos un estudio y nos dimos cuenta que en materia civil, la figura que más se le parecía era la de daño moral, pero no está ni cerca de ser acoso laboral; lo mismo ocurrió cuando vimos los tipos penales: tenemos tipificado el acoso sexual, pero no todos los comportamientos de los hostigadores tienen connotaciones sexuales”, observó la legisladora.


“Y en materia laboral nos pasó algo similar, la Ley Federal del Trabajo contempla el hostigamiento, pero para que se configure dicha conducta, debe existir relación de subordinación con la víctima y ocurrir en una sola ocasión”, añadió la morenista.


La legisladora consideró que se trata de conductas dañinas que laceran la salud física y mental de las víctimas, provocando tanto sufrimiento que pueden derivar en problemas psicológicos, problemas familiares e incluso suicidios.


“Nuestra labor como legisladoras y legisladores es hacerles justicia a las víctimas, a los más vulnerables. Y parte de ello es el perfeccionar la legislación local, para que las autoridades competentes puedan combatir estas conductas que atentan contra la salud, la integridad y la dignidad de las personas; para que las autoridades competentes puedan brindarles protección a las víctimas”, concluyó Francisca Abelló.



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