La coordinadora del grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, salió al paso de las acusaciones que se han lanzado en su contra, y que afirman que ejerció amenazas y coacción dentro de su bancada para conseguir la aprobación del dictamen que rechazaba la cuenta pública del poder ejecutivo en el ejercicio fiscal de 2017.
“El que acusa está obligado a demostrar, no son mis prácticas, yo no tengo porque obligar a nadie a nada; al contrario siempre me he pronunciado porque se respete la decisión de cada quién”, aseguró de inició la coordinadora morenista, quién ha tenido que lidiar con votos en contra de los integrantes de su propia bancada, durante la presente legislatura.
“Creo que cada diputado tiene la obligación de responder a la ciudadanía de sus actos, sus votos y sus opiniones. En este caso me parece muy aventurado que se señale algo así cuando no hay pruebas. Rechazo categóricamente que yo haya pedido a la diputada algo, no le pedí nada”, agregó.
Sobre las acusaciones vertidas directamente por el coordinador priista Sergio Jacobo, quién cita un oficio informativo girado al diputado Fernando Mascareño donde se le informan los acuerdos de una reunión a la que no asistió, como una prueba de coacción y amenazas al interior del grupo, la morenista respondió que el artículo 48 de la Ley Orgánica define lo que es un Grupo Parlamentario y sus mecanismos.
“Es una acusación que no tiene nada que ver con el tema central, la libertad de cada diputado se ha ejercido, pero el grupo no va a renunciar a tomar decisiones y tomar acuerdos. Nunca hemos negado que existe el documento, cuando se toman decisiones aquí o en cualquier empresa, las decisiones se comunican. Eso es normal, me parece muy aventurado lo que dice el diputado Jacobo al asegurar que un oficio, que comunica una resolución, se convierte en una amenaza”.
Finalizó diciendo que esas prácticas añejas de la política no tienen cabida en Morena, e invitó al resto de las fuerzas a centrarse en los temas de verdadero interés para los ciudadanos.
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