Los integrantes del Grupo Parlamentario de morena cuestionaron a la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, quien compareció ante los integrantes de la LXIII Legislatura en el marco de una sesión extraordinaria citada en cumplimiento a un acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política; al asegurar que el trabajo que se ha realizado al frente de este órgano autónomo le ha quedado a deber a Sinaloa.
El diputado Marco Antonio Zazueta, en su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización fue el primero en tomar la palabra y fijar postura a nombre del Grupo Parlamentario de morena.
“La reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción en el año 2015, abrió la puerta para comenzar a enfrentar ese complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia durante más de cuatro décadas, lastrado nuestra economía, profundizando la desigualdad social, incrementando la violencia y minando la confianza en las instituciones”, aseguró el legislador.
Observó que la ASE está obliga a ser una institución objetiva, imparcial e independiente con personal de alta calidad profesional y ética, que promueva el manejo correcto de los recursos públicos y fomente la cultura gubernamental de la transparencia y rendición de cuentas, para lograr la confianza y credibilidad de la sociedad.
“Eso es lo que textualmente establece la Visión de la Auditoría de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, sin embargo cuesta trabajo acabar con la corrupción y no hay que irnos lejos, en el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 en el eje estratégico: Gobierno Eficiente y Transparente, la línea de acción establece: Rendición de cuentas y combate a la corrupción, cuando debería decir acabar, entonces qué podemos esperar, para que una norma sea efectiva hacia el interior de cualquier sector gubernamental tiene que plasmarse clara y objetivamente dentro de su Ley, reglamento interior, normatividad, o en su caso voluntad”, expuso el legislador.
“Claro que vamos por una reforma, pero por una reforma a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, que acabe con la corrupción, sin parches, sin sumisión, con acciones de calidad por y para el interés de la sociedad sinaloense y del país”, agregó.
Por su parte, la diputada Flor Emilia Guerra Mena, cuestionó fuertemente a la auditora las omisiones cometidas en el caso del dispendio del recurso público en infraestructura deportiva a favor de particulares.
“Se omite pedir al exdirigente del PRI en Sinaloa, Joaquín Vega reintegrar al erario del estado 400 millones de pesos que materialmente el Gobierno del estado le regala para la remodelación de su concesión deportiva, de la misma manera que no se piden siquiera explicaciones del regalo de 402 millones entregado a la familia Toledo Corro, también para fines privados en Mazatlán, como se omite al menos pronunciarse por el gasto inútil de 622 millones de otro regalo originalmente destinado a la familia Galindo Quiñonez y que por el escándalo ahora el Gobierno del estado lo mantiene como un elefante blanco en Mazatlán”, denunció la legisladora morenista.
“Se guarda silencio cuando debió haberse pedido al menos las aclaraciones del gasto de 174 millones de pesos de la compra de un edificio a quien ya se beneficiaba con la renta de las oficinas de la USE, pero se sigue desviando la vista a pesar que al inmueble ya se le destinaron 347 millones de pesos más en su remodelación”, agregó Guerra Mena.
Criticó que la Auditoría no se entera de los escándalos públicos, como los descritos, la apropiación con fines privados, de bienes nacionales como el humedal de la laguna del Camarón en Mazatlán y la extinción de bienes municipales en esa ciudad, como el acuario y la desaparición del bosque de la ciudad.
“Se omite el derroche de mil 200 millones de pesos en la paraestatal PRECASIN y otras desviaciones del gasto público, como los 64 millones 200 mil pesos regalados a los transportistas para el financiamiento de nuevas unidades. A la Auditoría parece no importarle el desvío de dos mil millones de pesos en el IPES que lo tiene al borde de la quiebra”, finalizó el fuerte cuestionamiento de la morenista.
Guerra Mena mencionó también que a la Auditoría parece no importarle el desvío de dos mil millones de pesos en el IPES que lo tiene al borde de la quiebra, así como el gasto de mil 136 millones de pesos en la propaganda del “Puro Sinaloa”.
El legislador José Antonio Crespo López cuestionó a la auditora por el lamentable hecho sucedido el 09 de diciembre de 2018 en el boulevard Zacatecas de la ciudad de Los Mochis, en el que en un socavón abierto cayó un niño de 9 años perdiendo la vida, cuando se suponía, según documentos, que ese socavón producto de las inundaciones de 2016, sería reparado por el Ayuntamiento con recursos del FONDEN.
“De acuerdo con las reglas de operación, en un acuerdo con el entonces presidente Arturo Duarte, el Ayuntamiento de Ahome y FONDEN aplicarían los recursos acordados en las obras a realizar derivado de aquellas afectaciones, en el reparto de dichas obras que por separado realizaron ambos, la reparación del socavón del Boulevard Zacatecas donde falleció el niño, le correspondió al Ayuntamiento encabezado por Arturo Duarte y luego por Álvaro Ruelas, pero no le destinaron recursos, aun cuando estaba acordado”, criticó.
“¿Sabe usted porque no aplicaron esos recursos a pesar de estar comprometidos para ese fin señora auditora? La respuesta es simple, porque la Auditoría no hace su trabajo, es como si no existiera, nadie le teme. A pesar de estar obligada por su propia Ley a fiscalizar y forzar a que los entes públicos a que cumplan con sus obligaciones de aplicar los recursos públicos y hacerlo con honradez”, agregó el morenista.
Cecilia Covarrubias, en su participación aseguró que es imperante que los órganos autónomos que tienen responsabilidad sustantiva en el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, se manejen de manera independiente.
“Se debe velar por los intereses de todos los sinaloenses a través de la revisión de la aplicación del recurso público. El problema es que la auditora, pese a tener una responsabilidad sustantiva, ha sido cooptada por un poder corruptor y le falla a los sinaloenses”, expresó.
En la comparecencia participó también la legisladora de morena Beatriz Adriana Zárate, quién cuestionó los sospechosos manejos en el caso del edificio de la Unidad de Servicios Estatales.
“Lo que se sabe públicamente de esa operación es que la USE se rentaba al empresario Ignacio de Nicolás; que después apareció la empresa OEi como propietaria del edificio, mismo que por razones magnánimas o francamente fraudulentas, entregó a un fideicomiso de trabajadores estatales, mismo al que el Gobierno del estado le debe mil 32 millones de pesos”.
Se sabe también que, Ignacio de Nicolás, el propietario de origen, recibió prácticamente regalado el estadio de los Dorados, con todo y millonarias remodelaciones posteriores. Y que además el mismo Ignacio de Nicolás le vendió al Gobierno del estado, en 174 millones de pesos, otro edificio, al que se le han invertido 370 millones de pesos más, pero que a pesar de todo, hasta ahora nadie ocupa”, observó la morenista.
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