El diputado José Rosario Romero, del Grupo Parlamentario de morena, celebró el consenso logrado por los empresarios de la construcción y todas las fuerzas políticas mediante el ejercicio del parlamento abierto, para aprobar este jueves diversas reformas a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados del Estado de Sinaloa, destacando que de esta manera se combate de manera efectiva la discrecionalidad con la que ha ejecutado el Poder Ejecutivo el recurso público destinado a esta área.
El legislador morenista observó que estas reformas representan un gran avance en materia de transparencia al mejorar los procesos de planeación, programación y presupuestación de la obra, para que los recursos destinados se utilicen de forma responsable y eficiente.
“Desde que iniciamos esta 63 legislatura, hemos llamado la atención de la discrecionalidad con que se realiza la obra pública, por supuesto inadmisible en términos del principio de máxima publicidad al que el artículo sexto constitucional, ordena someter todos los actos del servicio público”, apuntó el legislador.
“Hoy mismo la sociedad sinaloense presencia las consecuencias del desaseo en el uso de los recursos públicos cuando está a punto de entregarse a particulares un costoso estadio de futbol al que durante 2017 al 2020, sólo por decisión del titular del ejecutivo se le invirtieron 652 millones de pesos, una inversión que hoy por hoy, podría haber garantizado la alimentación de cientos de familias recluidas en sus hogares o cubierto las deficiencias hospitalarias durante la pandemia del covid”, agregó.
Rosario Romero criticó que se hayan gastado mil 200 millones de pesos en el estadio de futbol en Mazatlán beneficiando al dueño de TV Azteca, así como las remodelaciones del Teodoro Mariscal y del estadio del Emilio Ibarra Almada de Los Mochis en beneficio de la familia Toledo Corro y Joaquín Vega, respectivamente.
“¿Para qué hizo el gobernador ese estadio en medio de la miseria en Mazatlán? habiendo escuelas sin sanitarios en todo Sinaloa, hospitales sin medicinas o cientos de trabajadores del sector salud sin las necesidades laborales cubiertas”, se cuestionó el diputado morenista.
Añadió que estas inversiones se hicieron en violación a la ley de obras públicas, destacando la importancia de las reformas que ahora se aprueban para acabar con la discrecionalidad en la obra pública y ampliar los candados al gasto inútil, discrecional y obscuro, que incluye la compra de un edificio deteriorado en 151 millones de pesos y su remodelación por 357 millones de pesos al mismo empresario al que supuestamente le renta las oficinas de la Unidad de Servicios Estatales.
Señaló que para evitar esas acciones profundamente discrecionales y por ellas altamente proclives a la corrupción, esta reforma ordena que al obligado programa anual de obra pública que debe acompañar el ejecutivo en su iniciativa de presupuesto, se agregue la información de cuáles obras se van a contratar y cuáles van a ser realizadas por administración directa, además de que se señalen sus proyectos ejecutivos y se precise en su caso si cuenta con los permisos y autorizaciones necesarias.
“Si a pesar de todo eso, aparecen obras no previstas o no conocidas y menos aprobadas, como esta de los estadios o de sus remodelaciones millonarias que les he señalado; la reforma agrega el candado de que los actos, contratos y convenios que se realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por la Ley, serán nulos, lo que impide toda acción discrecional o en su caso obligar al funcionario responsable, así sea el gobernador, a que si quiere beneficiar a sus amigos o compañeros de partido, como hasta ahora, tendrá que pagarlo de su bolsa, no a costa de las contribuciones públicas”, apuntó el morenista.
Destacó que entre las reformas aprobadas por el pleno, destaca que la obra por administración directa solo será para labores de conservación y mantenimiento; por lo tanto PREECASIN se quedará si facultad para realizar nueva obra pública.
También se contempla la actualización de los procedimientos de licitación, incluyendo una amplia participación de la ciudadanía mediante los Comités de Obras y la figura de los Testigos Sociales.
“Un gran avance es que los Testigos Sociales podrán participar en los procesos de licitación con independencia del monto de la inversión y en obras por administración directa. Y es de resaltar que también se busca generar mejores condiciones para la mayoría de las empresas constructoras, promoviendo la participación de compañías locales, especialmente de la micro, pequeña y mediana empresa”, concluyó el morenista.
