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Celebra morena fallo de la SCJN que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo

La diputada Graciela Domínguez Nava, integrante del Grupo Parlamentario de morena, participó este martes en el marco de la sesión pública ordinaria de la diputación permanente del Congreso del Estado, y celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que resolvió de manera favorable una Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Grupo Parlamentario de morena el 23 de noviembre de 2018, que ha declarado inconstitucional la reforma realizada a la fracción I del artículo 4º Bis A, a dos días de concluir la LXII Legislatura por iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN y con la mayoría Priista, en la que se atentaba contra el derecho de las mujeres sinaloenses de decidir sobre su cuerpo.


La diputada recordó que el derecho de las mujeres a decidir, a través de la interrupción del embarazo en condiciones óptimas de higiene, tuvo su primer reconocimiento en abril de 2007 en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.


En aquel momento, la Procuraduría General de la República en el gobierno de Calderón y, paradójicamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por José Luis Soberanes, interpusieron sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal mexicano las consideró improcedentes en 2008 y resolvió que las reformas sobre la interrupción legal del embarazo en la capital de la República eran plenamente válidas y constitucionales bajo los principios de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres.


“A pesar de los sólidos argumentos de la Corte, dio inicio una ofensiva de grupos conservadores del país para tratar de impedir la expansión de las humanitarias reformas al resto del país utilizando a los principales partidos del viejo régimen”, recordó Graciela Domínguez Nava.


“No tuvieron éxito por la contundente opinión de personalidades como el ilustre y prestigiado constitucionalista sinaloense Diego Valadés, quien sostenía y sigue sosteniendo que con la Constitución Mexicana en la mano es posible extender a todo el país la ampliación de los derechos humanos conseguidos por las mujeres en la Ciudad de México”, añadió.


Observó que para 2014 la mitad de las entidades federativas habían modificado sus constituciones para garantizar la penalización de la interrupción de embarazos, es decir, para poder criminalizar a las mujeres que ejercieran su derecho humano a decidir sobre su cuerpo.


“Pero como ha estado sucediendo en México y sus estados, las luchas por más derechos para más mexicanas y mexicanos no se detienen. Y sí fructifican. Un año después, y a contrapelo de la regresiva reforma de Sinaloa, el Congreso del estado de Oaxaca despenalizó la interrupción del embarazo. Hidalgo se sumó a esta tendencia hace apenas dos meses”, recordó la morenista.



Recordó que después de las históricas elecciones del 2018, la fracción parlamentaria del PAN de la 62 Legislatura presentó de manera apresurada una iniciativa de adiciones a la fracción I del artículo 4º. Bis A de la Constitución Política del Estado para adicionarle una porción normativa contraria a los derechos de las mujeres sinaloenses. La iniciativa fue presentada sólo 25 días después de las elecciones.


“El acuerdo político conservador se expresó a través de la obtención de la mayoría calificada en el Pleno del Congreso y en los Ayuntamientos al votar el dictamen el 28 de septiembre de 2018, apenas dos meses después de las elecciones y dos días antes de la instalación de la actual Legislatura con una mayoría parlamentaria de Morena”, remembró Graciela Domínguez.


“A pesar de estar en contra de la regresiva reforma, por respeto a la constitucionalidad estatal y las normas que rigen el proceso legislativo, dimos el trámite legal al decreto el 23 de octubre, pero desde la tribuna de este Congreso nuestro Grupo Parlamentario dejó asentada su postura en defensa de las mujeres sinaloenses, y en congruencia, y en el plazo legal, dieciocho diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena interpusimos una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma el 23 de noviembre de aquel año”, remembró la legisladora.


Graciela Domínguez celebró la llegada de la justicia Constitucional, pues el pasado 9 de septiembre de 2021 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgando bajo los principios de perspectiva de género y de progresividad de los derechos humanos, resolvió el recurso jurídico declarando inconstitucional la porción normativa de la fracción I del artículo 4º. Bis A, dejando el texto original vigente.



“Uno de los principales argumentos de la Corte para respaldar su sentencia estribó en que el constituyente del Estado de Sinaloa no puede adoptar decisiones legislativas que disminuyan o menoscaben abiertamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes”, resaltó Graciela Domínguez.


“Esta sentencia no sólo es un triunfo del Grupo Parlamentario de Morena de la 63 Legislatura en defensa de los derechos, libertades y dignidad de las mujeres sinaloenses, sino una aportación al robustecimiento de las tesis de la Suprema Corte sobre esta cuestión, a la extensión de su manto protector a todas las mujeres de México y al carácter Laico de la República Mexicana y el Estado de Sinaloa.


“Por constituir también un acto de justicia debo mencionar que entre quienes hicimos posible esta victoria judicial, al firmar la Acción de Inconstitucionalidad, estuvo el Diputado Ocadio García Espinoza, quien como El Cid Campeador sigue ganando batallas. Toca ahora dar continuidad a esta resolución judicial procediendo a aprobar reformas que amplíen la esfera de los derechos de las mujeres robusteciendo su autonomía, su dignidad, su libertad sexual y reproductiva, así como sus derechos a la vida y a la salud”, añadió la morenista,


“Con el triunfo judicial del Grupo Parlamentario de Morena no sólo ganan las mujeres sino toda la sociedad sinaloense al ver ampliados sus derechos humanos. Ya ha quedado claro que la penalización de las madres mexicanas es inconstitucional y que el ejercicio de un derecho no puede ser al mismo tiempo un delito. Hasta el final de esta 63 Legislatura seguiremos haciendo historia”, concluyó Graciela Domínguez.



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