La diputada Francisca Abelló Jorda, integrante del Grupo Parlamentario de morena, aseguró durante la sesión ordinaria de este martes, que la reforma laboral en materia de subcontratación presentada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y aprobada el pasado 20 de abril por el Senado de la República, viene a poner orden y a acabar con la simulación y las prácticas abusivas que se generaban con el outsourcing.
Recordó que fue en noviembre de 2012, antes de culminar su administración, cuando el ex presidente Felipe Calderón le entregó a su sucesor Enrique Peña Nieto una reforma laboral que precarizaba más a las y a los trabajadores y que impusieron como aplanadora, argumentando que traería una mayor y mejor productividad para el país, flexibilizando el mercado laboral y regulando, entre otras cosas, figuras como el outsourcing.
“En la práctica no solo legalizó los abusos hacia la clase trabajadora y el menoscabo de sus derechos laborales, también significó pérdidas en la hacienda pública y en los institutos de seguridad social”, aseguró la legisladora morenista.
“El abuso de la subcontratación, en lugar de establecer reglas claras, dejó vacíos legales para que se convirtiera en un modus operandi la creación de empresas fantasma que prestaban este servicio para evadir las responsabilidades laborales de empresarias y empresarios, generando también esquemas de deducciones fiscales que representaban pérdidas de entre $ 300 y $ 500 mil millones de pesos por año”, agregó Francisca Abelló.
Expuso que bajo esta figura jurídica, se crearon despachos que manejaban las nóminas de otras empresas que subcontrataban sus servicios y que poseían hasta 50 mil trabajadores; se detectó a un grupo empresarial que no se dedicaba a ninguna actividad productiva, pero que contaba a con 250 mil trabajadores y funcionaba como evasor de responsabilidades de otras empresas a quienes se los transfería.
“Desde la Reforma Laboral neoliberal de Felipe Calderón, se disparó el número de trabajadores subcontratados a 200 mil por año, Sólo el Seguro Social sufre anualmente pérdidas de $ 50 mil millones de pesos, producto de estas simulaciones y distorsiones laborales, con las que se inscribe a las y a los trabajadores con un salario por debajo del que perciben y se les da de baja entre los meses de diciembre y enero, para después volverlos a contratar, ya sea con la misma empresa o cambiando de razón social”, denunció la morenista.
Añadió que en materia fiscal, la evasión se traducía en una reducción millonaria en los ingresos por concepto del ISR y en muchos casos en la omisión en el entero del IVA y solicitudes de devolución de este concepto, aun cuando no fuera enterado.
“Por eso celebramos que el pasado 20 de abril, el Senado de la República aprobó la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de subcontratación laboral. Esta reforma viene a poner orden, viene a acabar con la simulación y las prácticas abusivas que se generaban con el outsourcing, prohibiendo dicha figura, con excepción de las áreas que recaen en el supuesto de servicios y obras especializadas, reivindicando así las conquistas laborales de las y los mexicanos”, comentó la diputada.
Consideró que esta reforma viene a construir un marco jurídico sólido y responsable en material laboral, en materia fiscal y en materia de seguridad social. Fueron un total de ocho leyes las que se armonizaron para que se instrumentara una protección efectiva de las y los trabajadores que estaban siendo explotados bajo este esquema.
“En Sinaloa nos toca hacer nuestra parte, nos corresponde hacer un diagnóstico propio de las dependencias estatales, para regularizar al personal subcontratado y establecer los marcos legales que eliminen estas prácticas. Con esta reforma en materia de subcontratación laboral se le pone punto final a un modelo que atentaba contra la dignidad laboral, que atentaba contra la dignidad de las personas”, concluyó la legisladora.
El morenista Andrés Gilberto Rodelo, también participó en el tema y consideró que la subcontratación de personal tenía como fin explotar a los trabajadores, en temas como prestaciones laborales y reparto de utilidades, además de la evasión de impuestos que perjudicaba tanto a los trabajadores como a la Hacienda Pública.
