El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó con 23 votos a favor y 13 en contra, el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización que rechaza la cuenta pública del municipio de San Ignacio durante el ejercicio fiscal 2018, tras presentar pliegos de observación con posibles daños a la Hacienda Pública Municipal por 2 millones 837 mil pesos.
La morenista Yeraldine Bonilla Valverde, habló a favor del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y destacó que los informes proporcionados al Congreso del Estado por parte de la ASE, señalan que el municipio de San Ignacio enfrenta pasivos sin fuente de pago por un millón 860 mil pesos, y que no se utilizaron recursos del fondo minero por 3 millones 113 mil pesos, pero tampoco fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
“Los informes señalan también que se no recuperaron de la Junta de Agua Potable 300 mil pesos en préstamos por concepto de clorificación del agua, y no se localizaron bienes inmuebles dados de baja por 776 mil pesos, ni documentos que amparen el destino final de los mismos”, detalló Yeraldine Bonilla.
“Nos preocupa que se pretenda aprobar esta cuenta pública cuando se carece de comprobantes fiscales de los pagos realizados al personal extraordinario por un millón 150 mil pesos, y cuando no se tienen control mediante bitácoras de la entrega de recursos destinados al mantenimiento de alumbrado público, así como de suministros de combustibles”, añadió Yeraldine Bonilla.
Los informes de la ASE, señalan que del Impuesto Predial Rústico, se destinaron 63 mil 484 pesos a la compra de material eléctrico, y la entrega de uniformes con un costo de 266 mil 481 pesos carece de la firmas del personal beneficiado; y no tiene soporte de trabajos realizados el pago de 150 mil pesos a favor de Mitchell René Rodríguez Méndez, por concepto de pago de asesoría para la certificación de playa Las Labradas.
“Entre otras irregularidades, carece de evidencia justificativa, el pago de 128 mil pesos que mediante el Programa Perspectiva de Género, se hizo a Promotores y Asesores de Proyectos Productivos Rurales, para impartir cursos de capacitación, así como carece de evidencia justificativa el pago de 72 mil pesos al proveedor Pablo Tercero Moreno Ovalles, por concepto de capacitación”, agregó la legisladora morenista para concluir.
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