El diputado Juan Ramón Torres Navarro, integrante del Grupo Parlamentario de morena, lamentó que a pesar de que el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una partida de 132 millones de pesos desde el 2019 para programa de homologación de aguinaldo de los maestros jubilados de la sección 27 del SNTE, estos recursos no han llegado a su destino debido a diversas irregularidades, por lo que hizo un llamado tanto a la Auditoría Superior del Estado como el titular del Poder Ejecutivo para atender está situación que bien con la expedición de un reglamento que clarifique y haga muy transparente el procedimiento para acceder a este beneficio.
El legislador recordó que desde el 19 de mayo de 1992, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica", mediante el cual se descentralizaron los servicios educativos, pasando a los gobiernos estatales el personal, la estructura física y los demás bienes inherentes a los mismos.
En Sinaloa, recordó, fue creado el 22 de mayo de 1992, el organismo Servicios de Educación Pública Descentralizada, como responsable de la dirección y administración técnica y operativa en el nivel básico que hasta entonces tuvo el gobierno federal.
“Sin embargo, a pesar de los compromisos, en el estado de Sinaloa, los trabajadores de la educación federalizados en etapa de jubilación o de pensión fueron víctimas de un trato discriminatorio en cuanto al pago de sus prestaciones, particularmente el aguinaldo, al resultar inferior en relación al de sus similares en el régimen local”, lamentó Juan Ramón Torres Navarro.
“Producto de lo anterior, desde el 2013 se presentaron en este congreso diversas iniciativas que buscaban terminar con esa injusticia, sin embargo todas fueron ignoradas y enviadas al congelador por la mayoría del PRI”, añadió.
La primera respuesta a los trabajadores jubilados y pensionados del SNTE 27, se produjo con la llegada de la mayoría morenista al Congreso del Estado, y el 31 de diciembre de 2018, cuando se etiquetaron en la ley de ingresos y presupuesto de egresos del 2019, el programa de homologación de aguinaldo de la sección 27 del SNTE con una partida de 132 millones de pesos.
Además, el 29 de agosto de 2019, se adicionó la fracción 33 del artículo 15 de la ley de educación para terminar con la discriminación, con la precisión de que el aguinaldo no debía ser inferior a sesenta y cinco días de salario, hecho con el que esa prestación se aumentó el equivalente a 25 días.
“La larga lucha de los trabajadores jubilados del magisterio federalizado y los esfuerzos de este congreso por hacerles justicia mediante las etiquetas presupuestales específicas y las reformas legales dispuestas, se han estrellado desde el primer momento con la falta de voluntad del gobierno del estado y sus intereses políticos con el SNTE, a niveles sin lugar a dudas escandalosos que lo menos que configuran es una desviación de recursos, porque los beneficiarios son obligados a enlistarse en cada delegación sindical, y son los delegados quienes definen a quien enlistan y al ser el SNTE el que materialmente se ha apropiado de los recursos extraordinarios destinados a los jubilados y pensionados federalizados”, denunció el legislador.
“Los trabajadores denunciaron que la partida de 132 millones de pesos, etiquetada por este congreso en el presupuesto de 2019, para el programa de homologación de aguinaldo de la sección 27 del SNTE, se distribuyó en muchos casos a personas que no sólo no eran jubiladas sino que tampoco habían sido maestros, que el apoyo llegó a personas fallecidas; que en algunos casos se presentaron apoyos dobles y que lógicamente muchas de las maestras y maestros retirados, no recibieron un solo cinco”, lamentó Juan Ramón Torres Navarro.
Añadió que después de ocho meses de la denuncia, la auditoría superior no ha rendido ningún informe específico relacionado con este nuevo escándalo de posible corrupción, lo que ha aumentado el malestar de los trabajadores jubilados y pensionados federalizados de la educación, , porque cuando esperaban que las reformas a la ley se garantizara el apoyo de los 25 días de aguinaldo, de nuevo con la intervención del SNTE, que por supuesto no se prevé en ningún solo artículo de la ley, terminaron recibiendo 23.5 días, de los 25 autorizados.
“Lo más sorprendente es que cuando los trabajadores han protestado de estas irregularidades en la Secretaría de Administración y Finanzas, el tesorero culpa a la Sepyc y el Secretario de Educación se lava las manos, asegurando que las listas de beneficiarios se las presenta el SNTE, en base a supuestos acuerdos con el gobierno del estado”, denunció.
“Por supuesto que todo ese sistema de corporativismo político, muy propio del viejo régimen federal, debe acabar, los jubilados y pensionados del magisterio no deben pasar por el filtro del SNTE para recibir ningún beneficio que la ley les brinda y el SNTE desde luego nada tiene que hacer de intermediario distribuidor de recursos públicos destinados a los trabajadores que dieron su vida al magisterio. Basta de simulaciones, el cumplimiento de la Ley no es opcional y las prestaciones de los maestros jubilados deben ser respetadas”, concluyó el morenista.
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