La Coordinadora de la fracción parlamentaria de MORENA y Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, salió al paso de la polémica que se ha generado en el caso de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2017, asegurando que el Congreso está actuando conforme a lo establecido en la Ley.
“En la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la Ley de la Auditoria Superior del Estado y en la Ley Orgánica del Congreso del Estado; están muy claras las facultades, los alcances y las limitaciones de esta soberanía respecto a la fiscalización de los informes de las cuentas públicas. Tanto las del pleno, como las de la Comisión de Fiscalización que es el contacto con la ASE”, explicó la legisladora.
“No hay un tema de politización, salvo que quienes lo señalan lo digan de manera muy específica a que se refieren. El Congreso tiene la facultad de aprobar o rechazar los informes de las cuentas públicas que presentó la ASE, así lo marca claramente la ley”, agregó Domínguez Nava.
Explicó que se bien se intentó hacer una reforma constitucional para otorgarle a la Auditoria Superior del Estado la autonomía constitucional, esta no se concretó, por lo que la facultad de aprobar o rechazar estos informes recae en el pleno del Congreso del Estado, en base a los dictámenes que la Comisión de Fiscalización genera a partir de los informes de la propia ASE.
“Cuando cerró la legislatura anterior se buscó hacer una reforma constitucional para convertir a la ASE en un órgano constitucionalmente autónomo, de haberse concretado; el Congreso no tendría facultad para fiscalizar, ya no existiría esa posibilidad. Sin embargo esa reforma no pasó, y se dejó un diseño institucional que limita el trabajo del Congreso, pero aun así conserva la facultad de emitir una opinión final”, explicó la coordinadora de MORENA.
Domínguez Nava reconoció que es un error institucional que el Congreso esté obligado a rechazar o aprobar los informes de las cuentas públicas antes del 31 de julio, cuando los órganos observados tienen hasta el mes de octubre para solventar las observaciones señaladas por la Auditoria, sin embargo explicó que no se puede presumir que dichas solventaciones cambiarán el sentido del informe emitido, por lo que es una obligación del Congreso acatar el tiempo que marca la Ley.
“Los tiempos no embonan, el Congreso debe aprobar o rechazar las cuentas públicas antes del 31 de julio, pero la ASE hará una declaratoria definitiva del cierro del proceso hasta octubre, es un diseño institucional que no funciona y se tiene que reformar hasta por sentido común. Quiero dejar claro, con estos argumentos, que no existe ninguna politización en este tema, el Congreso está haciendo su trabajo de acuerdo a lo que dicta la ley”, finalizó.
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