Ante el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa se le dio primera lectura a tres iniciativas, dos de ellas presentadas por diputados del Grupo Parlamentario de morena, en las que se propone establecer una licencia laboral de uno a tres días al mes para mujeres y personas menstruantes que padezcan de dismenorrea (dolores intensos en el periodo menstrual), que laboren en dependencias públicas.
Ambas iniciativas fueron presentadas por los diputados de morena, que solicitaron licencia, Juana Minerva Vázquez González y César Ismael Guerrero Alarcón; una de ellas, para reformar leyes estatales y otra más para modificar ordenamientos federales, las cuales coinciden en que esta licencia con goce de sueldo se otorgue previo diagnóstico médico que acredite el padecimiento.
De acuerdo con lo expuesto, las trabajadoras con dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante tendrían derecho a ausentarse de sus labores entre uno y tres días cada mes, sin afectar el resto de sus prestaciones.
Las iniciativas enfatizan que en ningún caso esta condición podrá ser considerada una enfermedad o riesgo de trabajo, a fin de evitar posibles afectaciones laborales, y para acceder al permiso, deberán presentar un certificado médico vigente por seis meses, expedido preferentemente por un ginecólogo de una institución pública de salud, que avale el diagnóstico.
En la otra iniciativa, se propone presentarla ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, específicamente en el apartado B, del artículo 123 constitucional, para que estas disposiciones se apliquen en todos los estados de la República, ya que el objetivo es que se prohíba el despido o la coacción para que una mujer renuncie por padecer este trastorno menstrual.
Tras la primera lectura, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Ricardo Madrid Pérez, turnó las iniciativas para su análisis en comisiones legislativas.
De ser aprobadas, las reformas a leyes estatales aplicarían para trabajadoras del servicio público en Sinaloa, mientras que los cambios a ordenamientos federales tendrían alcance nacional.
