La presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, aseguró en un encuentro con los medios de comunicación que la solicitud de juicio político promovida en contra del alcalde Ahome, Guillermo Chapman Moreno, fue desechada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación por no contar con los elementos probatorios para fincarse.
“Considero que los diputados que forman parte de la Comisión hicieron un estudio apegado a la legalidad y están ahí para resolver las dudas que pudieran tener quienes promovieron este juicio político así como a cualquier ciudadano que tenga inquietud en ese tema”, señaló la también coordinadora de Morena en el Congreso.
“Lo que se nos ha informado por parte de esta Comisión, es que de acuerdo a lo que establece un juicio político, que es una violación grave y sistemática a la constitución y a las leyes, no se encontraron las pruebas suficientes para lograr documentarse”, agregó la morenista.
Destacó que ante la solicitud realizada por los promoventes, la prioridad del Congreso del Estado es atender dicha solicitud y analizar a conciencia y con apego a la legalidad los elementos aportados para fincar este juicio político.
“Como Congreso, no quisimos mantener el tema congelado, se dio el tiempo para que se hicieran los estudios y esa es la conclusión a la que se ha llegado. Por otro lado, decirle a los ciudadanos ahomenses y a los promoventes mismos, que ellos han acudido a otras instancias jurisdiccionales y esperamos que estas instancias también puedan resolver el tema. Hablando de manera específica de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral”, señaló.
Finalmente, observó que todo el procedimiento se realizó exento de elementos de tipo político, pues es deber del Congreso cuidar los instrumentos jurídicos para que sean usados para su real propósito.
“Estamos totalmente abiertos a que se haga un escrutinio jurídico del caso, porque finalmente la transparencia es lo que debe dar la certeza acerca de que fue lo que propició la resolución. No hay ningún ingrediente de tipo político, lo que siempre buscamos es que se revisara conforme a lo que jurídicamente establece un juicio político. Nuestra obligación institucional es cuidar los instrumentos para que no sean utilizados políticamente sino en su justa dimensión”, concluyó la legisladora.
