Los integrantes del Grupo Parlamentario de morena aprovecharon la comparecencia del secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Osbaldo López Angulo, para cuestionarlo sobre temas de transparencia y el deficiente manejo de los recursos públicos, haciendo principal énfasis en que el Ejecutivo Estatal sigue invirtiendo con opacidad y de manera discrecional, sin un plan de obra pública y en muchos casos en beneficio de particulares.
El diputado José Rosario Romero habló a nombre del Grupo Parlamentario de morena y destacó que por tercer año consecutivo no se cuenta con un banco de proyectos de infraestructura para el estado y no existe un Programa Anual de Obra Pública.
“Esa es la característica de la obra pública durante el transcurso de estos tres años de gobierno y esa será su particularidad en este nuevo ejercicio fiscal, porque el listado de acciones presentado pretendidamente por programa anual de obras públicas para 2020, difícilmente cumple con las condiciones de la ley, cuando catorce de sus tareas anunciadas carecen de asignación presupuestal específica y cuando en tres años de gobierno no ha existido programa alguno de obra pública”, sentenció el legislador.
“Por supuesto que la oscuridad del gasto favorece la corrupción, con mayor razón cuando en las acciones hasta hoy desarrolladas resaltan por lo cuantioso de los recursos invertidos obras de beneficio directo a particulares”, agregó.
Beatriz Adriana Zárate cuestionó al funcionario estatal, señalando que el organismo público descentralizado de la administración estatal Preeforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (PRECASIN), ha ejecutado obra pública directa de forma francamente inexplicable, pues a pesar de contar con un presupuesto de menos de cuatro millones de pesos anuales, que no le permite hacerse de maquinaria alguna, ha realizado obras por más de mil 200 millones de pesos en tres años, según la investigación del grupo de la organización civil Iniciativa Sinaloa.
“La pregunta no es cómo usted se hace a un lado para que la Secretaría de Administración y Finanzas utilice a PRECASIN, indudablemente por órdenes del propio gobernador para sacarle la vuelta a la licitación pública, sino cómo o más bien por qué el gobierno del estado incurre en esta confusa triangulación para hacer obra pública que por supuesto favorece las posibilidades de corrupción”, señaló.
“Parece que PRECASIN está de más y sirve quien sabe a qué propósitos, cuando para hacer la obra pública directa de todo el gobierno del estado, bastaría la Secretaría a su cargo que para eso está en términos de sus facultades reglamentarias”, agregó la morenista.
Cecilia Covarrubias, por su parte, explicó en su participación que el artículo 40 de la Ley de obras públicas reformado el 13 de octubre del 2017, permite la participación de los testigos sociales en las obras públicas sólo si rebasan una inversión equivalente a cuarenta mil veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, es decir 102 millones 720 mil pesos. Sin embargo aún en las obras que se supera el monto, no existe claridad sobre la participación mandatada por la ley de estos testigos sociales.
“La relación de testigos sociales difundida por la Secretaría de transparencia sólo la componen cinco personas, lo que aunado al requisito de la millonaria suma para permitir su participación, muestra que la obra pública se ha hecho en la opacidad”, criticó la legisladora morenista.
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