En el marco de las comparecencias con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno, este martes asistió el Secretario de Educación Pública Juan Alfonso Mejía López, a quién los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario de morena, le criticaron las estrategias para combatir el rezago educativo, el opaco manejo del presupuesto destinado a la educación, que se haya mantenido el corporativismo sindical, el mal estado de la infraestructura escolar y una mala estrategia de la educación pública durante la pandemia.
La diputada Flor Emilia Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, criticó durante su participación que en el informe de gobierno del Poder Ejecutivo no se hace referencia a la reforma educativa nacional, ni a la nueva escuela mexicana, ni se puede apreciar cambio alguno en materia educativa, aunque a nivel nacional ha cambiado radicalmente de rumbo en el gobierno de la Cuarta trasformación, por mandato del pueblo de México.
“Aunque desde el 15 de mayo del 2019, se inició el parte aguas en materia educativa en el país, que puso fin al sesgo privatizador que limitaba la gratuidad de la educación sólo al nivel básico y dejaba al mercado la educación media superior y la educación superior, con el propósito de que estudiara el que tuviese para pagar colegiaturas, el último de los informes de gobierno por el que hoy usted comparece, señor secretario, es omiso a todo cambio”, recriminó la legisladora morenista.
“Producto, seguramente de fobias personales, pero no se trata de una ausencia cualquiera, cuando cobrar sin trabajar ha sido una de peores consecuencias que ha producido en materia educativa el corporativismo político sindical en Sinaloa, protegido por los gobernadores en turno”, añadió Emilia Guerra Mena.
Detalló que esto fue confirmado en el último Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, que reconoció la presencia de 263 aviadores, maestras y maestros que no fueron encontrados por los auditores en sus puestos de trabajo y de los cuales su ausencia no fue justificada.
“Para quien dude que los servicios educativos en Sinaloa son el botín de políticos sin escrúpulos, no sólo están estos hechos. Contra la dirección de la Escuela Normal de Sinaloa se acumularon denuncias, la última por ejemplo, concluida en junio de este año cuando la Auditoría Superior del Estado, confirmó que la institución es vergonzosamente operada como agencia de colocaciones de directivos y políticos sindicales. Por supuesto de todo lo anterior no existe referencia alguna en el documento que se presenta”, reprochó la morenista.
La Presidenta de la Comisión de Educación en esta LXIV Legislatura, cuestionó al Secretario Juan Alfonso Mejía López sobre el destino de mil 95 millones que durante 2020 y 2021 el instituto de infraestructura educativa debió haber aplicado en los centros escolares. Al contrario señaló que en el informe en materia educativa se refiere a la improbable veracidad de supuestas acciones desarrolladas durante la pandemia, debido justamente al cierre de los centros escolares y a la educación a distancia.
“Claro que es su palabra, contra la realidad señor secretario, pero que venga a decirnos que la pandemia que todavía mantiene en la zozobra a la población, no tuvo ningún impacto en el sector educativo, no puede ser tomado en serio”, concluyó la legisladora morenista.
La diputada Juan Minerva Vázquez González, integrante del Grupo Parlamentario de morena, consideró en su participación que las medidas y mecanismos que tuvo la secretaría en la solución del problema del analfabetismo evidentemente fracasaron.
“El rezago educativo al que se refiere el último informe es ligeramente inferior al reconocido en el programa de educación diseñado para la administración de la que usted forma parte. En él se estima, con cifras del 2016, que había 83 mil personas analfabetas de las 70 mil que ahora que se señalan; que existían 254 mil sin primaria, de las 247 mil de las que ahora se reconocen y que había 378 mil personas, sin secundaria terminada, es decir mil más, de las 379 mil que ahora se refieren, lo que representa un nulo avance en materia de rezago educativo. Y un absurdo que el que el informe asegure que se ha levantado bandera blanca”, recriminó la legisladora.
El diputado morenista José Manuel Luque Rojas, señaló que los informes de gobierno están alejados de los objetivos del plan estatal de desarrollo, por lo que no existen referentes para medir de manera real los avances en los diversos sectores.
Señaló que en el informe entregado al Congreso del Estado se refiere el destino del 65 por ciento del gasto estatal al sector educativo, que incluye este año 21 mil 981 millones de pesos que se trasfieren a las entidades públicas descentralizada de la SEPyC, como las universidades, centro de ciencias, tecnológicos y entre otros, al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.
“Cuáles son los mecanismos que tiene la secretaría a su cargo para garantizar que estos millonarios subsidios no se aparten de sus fines y no sean usados en otros propósitos? ¿Cuáles de las universidades autónomas, politécnicas o tecnológicas o cualquier otra que reciba recursos públicos desde la SEPYC, cumplen con lo que ordena el artículo 17 de la Ley, en el sentido de identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y entre otros, los mecanismos de distribución, operación y administración del apoyo que se les brinda”, cuestionó el legislador morenista.
Marco Antonio Zazueta, también integrante del Grupo Parlamentario de morena, se refirió a la infraestructura educativa y señaló que en el anexo estadístico del informe se señala que se programaron 255 acciones con una inversión de 229 millones de pesos, y añade que sólo contaron con suficiencia presupuestal 212 acciones con 184 millones de pesos, de las que asegura que se encuentran en la etapa de contratación-ejecución.
“Esta información es contradictoria con relación al presupuesto estatal de 2021 que asigna 535 millones de pesos al ISIFI, lo que desde luego supone la capacidad necesaria para para cubrir íntegramente las acciones programadas. Lo mismo ocurrió el 2020: Se programaron 418 acciones, con una inversión de 565 millones, pero sólo se contrataron 177, con una inversión de 470 millones de pesos. Es decir cuando en los últimos dos años debieron aplicarse mil 95 millones, sólo se aplicaron 654, es decir 441 millones de pesos menos que por supuesto se desconoce dónde quedaron. Los recursos se siguen manejando de manera discrecional y con total opacidad”, recriminó Marco Antonio Zazueta.
Ambrocio Chávez Chávez, integrante también del Grupo Parlamentario de morena recordó que el 19 de mayo de 1992, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica", mediante el cual se descentralizaron los servicios educativos, pasando a los gobiernos estatales el personal, la estructura física y los demás bienes inherentes al mismo, lo que provocó que en el estado de Sinaloa, los trabajadores de la educación federalizados en estado de jubilación o de pensión fueron víctimas de un trato discriminatorio en cuanto al pago de sus prestaciones, particularmente el aguinaldo.
“Con la llegada de las diputadas y diputados de morena, se produjo la primera respuesta a los trabajadores jubilados y pensionados del SNTE 27, el 31 de diciembre de 2018, cuando se etiquetó en la ley de ingresos y presupuesto de egresos del 2019, el programa de homologación de aguinaldo de la sección 27 del SNTE con una partida de 132 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de la etiqueta precisa, los 132 millones de pesos, a decir de los propios maestros, se distribuyeron en muchos casos a personas que no sólo no eran jubiladas sino que tampoco habían sido maestros, incluyendo a personas fallecidas; además en algunos casos se entregó apoyos dobles y lógicamente muchas de las maestras y maestros retirados no recibieron pago, lo que representa una clara desviación de discursos que no ha merecido explicación”, recriminó el diputado morenista.
La legisladora Almendra Negrete, integrante del Grupo Parlamentario de morena, observó que los resultados de una auditoría contenidos en el Informe Específico de la Revisión y Fiscalización Superior de la Escuela Normal de Sinaloa concluyen con daños o perjuicios a la hacienda pública del estado por 6.7 millones de pesos, derivados entre otros casos, por personal que cobra sin trabajar.
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