Ante los desafíos que enfrenta Sinaloa en materia de recursos hídricos, la diputada del Grupo Parlamentario de morena, María Victoria Sánchez Peña, integrante de la Comisión de Vivienda de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Sinaloa, presentó una iniciativa para reformar la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado, a la cual se dio primera lectura este martes por la Diputación Permanente.
Fue la secretaria de esta Diputación Permanente, la diputada Cinthia Valenzuela Langarica, quien se encargó de darle lectura a la iniciativa, la cual tiene como objetivo fortalecer el marco legal para mejorar la gestión del agua en Sinaloa, abordando problemas como la contaminación de los cuerpos de agua, los efectos del cambio climático y la necesidad de un uso más eficiente del recurso hídrico.
Entre las principales propuestas de la iniciativa se plantea ampliar las atribuciones de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, ya que con esto se busca otorgar mayores facultades a esta dependencia estatal en materia de regulación, control y vigilancia del uso y aprovechamiento del agua, con el fin de asumir un papel más activo en la gestión del recurso hídrico.
También propone endurecer las sanciones para quienes contaminen los cuerpos de agua o incurran en prácticas de desperdicio del recurso, como descargas de aguas residuales sin tratamiento, falta de bitácoras de emisiones o incumplimiento de parámetros de calidad.
Otro de los puntos, de la iniciativa es que plantea la necesidad de que los organismos encargados de los servicios de agua potable y saneamiento cuenten con los recursos económicos y las capacidades técnicas adecuadas para operar de forma eficiente la infraestructura hidráulica.
Un aspecto relevante de la propuesta es reconocer al agua como un elemento clave para el desarrollo y la justicia social, que debe garantizarse como un derecho humano a toda la población, en cantidades suficientes, calidad y accesibilidad.
La diputada Sánchez Peña afirma que con estas reformas buscan fortalecer el marco conceptual y jurídico desde el Gobierno de Sinaloa para asumir mayores responsabilidades en la regulación y gestión de los recursos hídricos, ya sea de forma directa o en coordinación con la Federación.
La iniciativa será analizada y discutida por el Congreso del Estado, con miras a consolidar un sistema de gobernanza del agua más robusto y adaptado a los desafíos que enfrenta Sinaloa en esta materia.
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