Por mayoría de votos, el Congreso del Estado convirtió a Sinaloa este jueves en la decimoséptima entidad en aprobar la minuta enviada por el Congreso de la Unión que reforma los artículos 107 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la improcedencia de recursos legales contra reformas constitucionales.
La reforma, que forma parte del proceso de modificación constitucional establecido en el artículo 135 de la Carta Magna, establece expresamente que no procederán juicios de amparo, controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad contra las reformas o adiciones a la Constitución Federal.
Durante la discusión de esta minuta, las diputadas del Grupo Parlamentario de morena hicieron uso de la voz desde la tribuna para respaldar la propuesta enviada por la Cámara de Diputados federal. La primera en emitir su posicionamiento a favor fue la legisladora Nancy Yadira Santiago Marcos.
La diputada morenista abrió el debate defendiendo la necesidad de dar certeza jurídica a la ley suprema y garantizar el respeto a la voluntad popular. Enfatizó la importancia de establecer un orden claro en la administración de justicia y criticó lo que consideró extralimitaciones del Poder Judicial.
"Las reformas y adiciones a la Constitución son la más alta expresión de la voluntad popular y nada está por encima de la voluntad del pueblo. Por décadas, algunos tribunales han sido elitistas, racistas y clasistas en la aplicación de la ley; el Poder Judicial se ha extralimitado en sus funciones", expresó.
En su intervención, la diputada Sthefany Rea Reátiga, integrante del Grupo Parlamentario de morena, profundizó en los aspectos técnicos de la reforma y su impacto en la relación entre poderes. Destacó que el objetivo es que el Poder Judicial preserve su función como garante de la Constitución, pero no como revisor de su contenido, argumentando que no debe intervenir en decisiones de carácter político, "como lo ha venido haciendo para mantener solamente sus privilegios".
Por su parte, la diputada Juana Minerva Vázquez González aportó el sustento legal a la reforma, recordando que desde el año 2002 existe jurisprudencia que establece que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal no es susceptible de control jurisdiccional.
Ante las críticas de la oposición, Vázquez González aclaró que el amparo seguirá protegiendo a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley.
La legisladora también abordó el tema de las renuncias de ministros, explicando las implicaciones del séptimo transitorio y la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con las pensiones y beneficios de retiro.
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