Después de conocer la minuta que envió el Senado de la República sobre la reforma al artículo 28 de la Constitución Política, que busca declarar al sistema ferroviario para transporte de carga y de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional, el diputado Manuel de Jesús Guerrero Verduzco, integrante del partido morena, emitió un posicionamiento respaldando la iniciativa.
Guerrero Verduzco dijo que esta reforma constitucional en materia de transporte ferroviario es fundamental para la nación y representa el que México pueda ir adelante en la modernización del transporte en nuestro país.
El legislador morenista destacó que la reforma, aprobada por unanimidad en el Senado, busca retomar el control estatal sobre las vías ferroviarias, especialmente para la prestación del servicio de pasajeros, un aspecto que había sido descuidado desde la privatización del sector en los años 90.
Guerrero Verduzco presentó datos del manual estadístico del sector transporte de 2022, señalando que de los 3 mil 455 millones de personas que se movilizaron en el país, solo el 0.9 por ciento correspondió al transporte ferroviario, y en cuanto al transporte de mercancías, este medio representó apenas el 5.5 por ciento del total.
"Estábamos caminando hacia atrás mientras el mundo se movía por la vía del ferrocarril, por ello, esta reforma es muy importante", indicó.
Entre los beneficios que el fortalecimiento del transporte ferroviario podría aportar a México, el legislador destacó una mayor eficiencia energética, el aumento en la capacidad de carga, costos más competitivos para el transporte de mercancías, reducción de la congestión vial, mejora en la sostenibilidad ambiental, así como mayor conectividad regional.
"El transporte ferroviario produce menos emisiones contaminantes por tonelada transportada en comparación con otros modos de transporte, esto contribuye a un medio ambiente más limpio y a cumplir con los objetivos de sostenibilidad", precisó.
El diputado argumentó que el control estatal sobre el sector permitiría implementar políticas que promuevan un desarrollo económico más inclusivo y equilibrado, priorizando rutas que conecten comunidades marginadas y regiones rurales con centros urbanos.
La minuta recibida por el Congreso de Sinaloa forma parte del proceso de reforma constitucional, que requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
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