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Diputados de morena impulsan y respalda las reformas al Código Penal, para que haya cárcel para funcionarios que cometan delitos de corrupción en Sinaloa

Los diputados morenistas Marco Antonio Zazueta y Juana Minerva Vázquez se pronunciaron a favor de la iniciativa aprobada este jueves por el pleno del Congreso del Estado.


Durante la sesión del Congreso del Estado, desarrollada este jueves, donde se aprobó el dictamen para reformar, adicionar y derogar algunas disposiciones al Código Penal de Sinaloa, en materia de delitos de corrupción, en la que se establecieron como delitos actos de uso indebido de los recursos, los cuales, ahora, se deberán pagar con cárcel, los diputados del Grupo Parlamentario de morena, se pronunciaron a favor de estos cambios.


El diputado de morena Marco Antonio Zazueta Zazueta, quien es secretario de la Comisión de Fiscalización y uno de los que promovió la iniciativa, dijo que a partir de esta aprobación, en Sinaloa se pagarán con cárcel delitos como el desvío de recursos, desempeño irregular de la función publica, trafico de influencias, el ejercicio abusivo de funciones, entre otros, ya que antes, estas acciones que cometían los funcionarios públicos, solo quedaban en faltas administrativas o inhabilitación de los cargos.


Zazueta Zazueta mencionó que morena ha venido impulsando acciones para imponer herramientas en materia , para ir cerrándole las brechas a todos aquellos que quieren hacer mal uso del dinero del pueblo, sin embargo, se ha venido enfrentando el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual ha sido un ejemplo de que lo que se tiene que combatir, y eso motivó a la presentación de esta iniciativa que fue dictaminada y aprobada por el Pleno.


“En nuestro Grupo Parlamentario de morena hemos venido combatiendo la corrupción, por ello, a raíz de que nos sucedió un caso con la Universidad Autónoma de Sinaloa, el exrector comete un acto de desacato, al no querer cumplir con una obligación constitucional, como rendir cuentas, y eso, nos lleva a ver que el desacato era solamente una falta administrativa, no había delito penal qué perseguir; por eso es que estamos haciendo esta reforma, para que ya no haya pillos que quieran evadir sus responsabilidades y haciendo largos los procesos administrativos, que no conllevan a ningún castigo formal; ahora sí, vamos a ver qué servidor público se va a atrever a negar información de cómo está administrando los recursos públicos, porque ya, el Código Penal va a disponer que ya va a ser penalizado con cárcel, a todo aquel funcionario público que no cumpla con sus obligaciones constitucionales”, expresó.


En la discusión del dictamen, la diputada de morena Juana Minerva Vázquez González, detalló que estas reformas son una armonización a la Ley Anticorrupción que se aprobó a nivel nacional, para y genera uniformidad por lo que ya quedó estipulado en la Constitución, para que en Sinaloa no prescriban los delitos de corrupción, y cualquier falta administrativa grave, se castigue con cárcel, para que, así, se puedan ir erradicando esas conductas en el servicio público.


“Lo que estamos haciendo, es armonizar el marco jurídico estatal en materia sustantiva penal, esto nos va a permitir generar uniformidad con lo que establece la Ley Anticorrupción, que ha sido promovida desde la Cámara de Diputados y del Senado, del Congreso de la Unión, a partir, por cierto, de la mayoría y de las definiciones que forman parte de los principios de la Cuarta Transformación; es muy importante, porque el objeto de esta Ley, es que las acciones penales no prescriban por cometer delitos por el ejercicio indebido y el abandono del servicio público, por el desempeño irregular de la función pública, por el abuso de autoridad, entre otros; todos aquellos delitos que constituyen una falta administrativa grave que cometan los servidores públicos y que, por supuesto, siempre tienen consecuencias en el dinero del pueblo”, apuntó.


Los legisladores morenistas respaldaron, al igual que el resto de los diputados, estas reformas que fueron aprobadas, para abogar a un marco jurídico más claro y riguroso, con el que se permitan implementar acciones legales, de acuerdo a la gravedad que representan los delitos de corrupción.




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