Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de morena dieron su voto de confianza y se sumaron a la aprobación de la minuta que envió el Senado de la República, donde se reforman y adicionan 12 artículos de la Constitución, para trasladar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La diputada secretaria de la Mesa Directiva, Rosiely Sánchez Sánchez, fue quien le dio lectura a la minuta, donde se detalla que las reformas estableces que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, la cual tendrá como objetivo ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública dentro de su ámbito de competencia.
Además de redefinir la naturaleza de la Guardia Nacional, la reforma especifica que la investigación de delitos será una responsabilidad compartida entre el Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional, actuando bajo la dirección del primero en el ejercicio de esta función.
Un aspecto crucial de esta legislación es la facultad otorgada al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan límites a la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y apoyo a la seguridad pública, disposición que busca establecer un marco legal claro para la intervención militar en asuntos de seguridad interna.
La reforma contempla un período de transición de 180 días para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico correspondiente. Durante este tiempo, la Guardia Nacional continuará operando bajo las disposiciones legales vigentes previas a la reforma.
El Senado de la República, o en su defecto la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, será responsable de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional propuestos por el Presidente de la República. El comandante de la Guardia Nacional deberá ostentar el grado de General de División en activo y será designado por el Presidente, a propuesta del titular de la SEDENA.
La reforma estipula que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las previstas en la Constitución y las leyes derivadas de ella, además, se prohíbe que extranjeros sirvan en la Fuerza Armada permanente durante períodos de paz.
Como parte de la reestructuración, el personal proveniente de la extinta Policía Federal dejará de prestar servicios en la Guardia Nacional y será adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, manteniendo sus derechos laborales adquiridos. Sin embargo, algunos elementos podrán continuar en la Guardia Nacional de manera temporal, según acuerdos entre las secretarías de Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.
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