En el marco de las comparecencias con motivo de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de la administración que encabeza Quirino Ordaz Coppel, este lunes ante el Secretario de Seguridad Pública Cristobal Castañeda Camarillo, las y los diputados de morena reconocieron que sin ha habido avances en el área de seguridad pública, sin embargo recalcaron que aún queda mucho por hacer, y como ha sido el sello de esta administración estatal, ha existido también un uso opaco y discrecional de los recursos públicos.
La diputada María Victoria Sánchez Peña fue la encargada de realizar el posicionamiento en representación del Grupo Parlamentario de morena, y observó en su participación que Sinaloa ha adolecido por muchos años los efectos de una delincuencia desbordada, por eso combatirla y controlarla es un asunto prioritario para la conformación y existencia de un verdadero Estado de Derecho y por ende un país más libre y justo.
“Cuando un gobierno fracasa en su misión de proteger a los ciudadanos, impacta de manera directa en el estilo de vida de las personas, dado que, sus conductas son modificadas de forma considerable, por el miedo a ser víctimas del delito. Considero que el motivo más relevante es el desencanto social o dicho de otra forma la teoría criminológica de la elección racional, en esta teoría se dice que el delincuente es un ser racional, por ende, si advierte que delinquir es un buen negocio por las pocas posibilidades de ser castigado tendrá un aliciente para hacerlo”, expuso la morenista.
Añadió que en el Quinto Informe de Gobierno, en materia de seguridad pública, da cuenta de que gracias a las estrategias implementadas, Sinaloa logró avanzar del número 30 al lugar 16 en Seguridad Nacional, además se asegura que se logró que Mazatlán saliera definitivamente del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.
Añadió que este informe Señala también que la policía estatal preventiva registra un estado de fuerza superior a los 800 elementos, 26% más respecto al inicio de la administración y que producto del esfuerzo coordinado entre las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, en el periodo que abarca la actual Administración se detuvo a 4,485 personas por resultar presuntos responsables de la comisión de algún delito del fuero común o federal y se aseguraron 7,939 vehículos con reporte de robo.
“Sabemos que los retos en materia de seguridad son complejos y diversos, y si bien, hay algunos resultados en la materia, en Sinaloa quedó mucho por hacer. Por ejemplo: hay grupos vulnerables que no gozan de una protección eficiente por parte de las instituciones policiales, nos referimos en específico a las mujeres, pues en Sinaloa de enero a julio se han registrado 25 feminicidios, 14 más que el mismo periodo del 2020, lo cual representa un aumento de un 79 por ciento en este delito”, criticó María Victoria Sánchez.
“Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI, señala deficiencias notables en materia de seguridad, según la encuesta. El 21.8 por ciento de los hogares sinaloenses tuvieron al menos una víctima del delito, prevaleciendo la extorsión, fraude y robo o asalto en calle o en transporte público. Además, tan solo el 6.1 por ciento los denunció ante la autoridad”, observó la legisladora morenista.
Añadió que de acuerdo a esta misma encuesta, de los 479 mil 589 delitos estimados en el 2020 en Sinaloa, la víctima estuvo presente en el 39.4 por ciento de los casos, y de esos, el 12.5 por ciento sufrió una agresión física. Además, destaca que el 86.4 por ciento de los delitos, los cometió un solo hombre; en el 5.8 por ciento participó una mujer y el 7.8 una pareja. En Sinaloa, el 48.1 por ciento de la población mayor de 18 años, consideró que la inseguridad es el problema más importante que le aqueja hoy en día, y el 22.5 por ciento de la población mayor de 18 años estimó que su colonia o alrededores donde vive es insegura.
“La ENVIPE estimó que para el 2020 en Sinaloa el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto mayor de: tres mil cuatrocientos sesenta y tres millones de pesos”, expuso la diputada.
“Se queda a deber en muchas áreas, así lo señalan los ciudadanos, quienes no reflejan el mismo optimismo que el poder ejecutivo en el Quinto Informe de Gobierno. Por otra parte, señor secretario, en morena nos preocupa un tema que a nuestro juicio, la secretaría a su cargo no atendió de manera oportuna, hablamos de los desplazados por la violencia, un problema que se ha venido profundizando por la ausencia de una estrategia de carácter integral que contenga medidas preventivas que eviten la recurrente expulsión de personas de sus comunidades”, añadió María Victoria Sánchez.
“Considero que la mejor evaluación en el tema la tiene el pueblo, quien es el que día a día sale a buscar el sustento de su hogar y por ende vive de primera mano la inseguridad de su entorno. La obligación más importante de los gobiernos actuales radica en solucionar de manera efectiva los problemas de seguridad y desigualdad”, concluyó la morenista.
El diputada José Manuel Luque Rojas, participó también en el ejercicio de rendición de cuentas, y habló sobre los servicios de seguridad que presta la Secretaría de Seguridad Pública a particulares que solicitan esos servicios.
“Nos podría explicar con que acuerdo, o bajo que reglas se prestan servicios de seguridad a empresas particulares con elementos adscritos a su dependencia, que se supone deberían estar al servicio de la seguridad de la población en general. Este Congreso para eso está y creo sería pertinente hacer una adición a la Ley de Seguridad Pública para regular este tipo de servicios”, expresó el legislador morenista.
Participó también Pedro Alonso Villegas Lobo, quién consideró que es imperante que se aumento la fuerza estatal para tener mucho más de 800 elementos, pues estos son insuficientes para cubrir las necesidades de los 18 municipios y de una población de más de tres millones de personas.
“Creo para tener resultados eficientes, necesitaríamos al menos el doble de elementos, lo que representaría alrededor de 250 millones de pesos de presupuesto, como Congreso en la LXIII Legislatura etiquetamos recursos para cubrir muchas necesidades en diversos rubros, creo que es momento destinar más recursos para seguridad, por el bien de las mujeres, por el bien de los sinaloenses”, estimó Pedro Villegas Lobo.
La diputada Minerva Vázquez González, refirió que durante el primer año de gobierno se ejercieron 350 millones de pesos en una extraña dirección identificada como Coordinación con Organismos Federales y Estatales, que como otras en el gobierno del estado, parecen haber sido creadas sólo para justificar el uso de millonarias partidas que se asignan al presupuesto, sin que haya ninguna explicación de su destino.
"Esos convenios no se hicieron públicos, desde el propio gobierno del estado se dijo que de esos 350 millones de pesos, insisto presupuestados en 2018, en realidad sólo se utilizaron 40 millones 670 mil 784 pesos con carácter de estímulos estatales a los elementos militares, sin que hasta ahora se explique el destino del resto. Nos puede decir en que se invirtieron los más de 310 millones de pesos restantes”, cuestionó la morenista.
“En cualquier caso, debería aceptarse la ausencia de transparencia, no sólo que porque hasta ahora ningún convenio ha sido hecho público, lo que se entendería por tratarse del área de seguridad pública, pero también está otro caso, como el de la disposición de 800 millones de pesos para construir una especie de ciudad militar en El Sauz, municipio de Culiacán que se puso en funcionamiento a fines del 2018 y sin que hasta ahora tampoco se conozca convenio alguno”, añadió Minerva Sánchez González.
En su participación el diputado César Ismael Guerrero Alarcón, habló sobre el tema de las familias desplazadas por la violencia, y recordó que desde 2012, un informe de la organización internacional Consejo Noruego para Refugiados presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló a Sinaloa entre los estados con mayor desplazamiento por la violencia en el país, y se han documentado que cientos de familias han sido desplazadas en todo el estado durante la actual administración.
“Aunque la Ley para la atención y protección de las personas desplazadas por la violencia ordena acciones preventivas para facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de las familias desplazadas; este gobierno no tuvo estrategia para asegurar el retorno seguro de las familias desplazadas a sus comunidades”, expresó el morenista.
La diputada Verónica Bátiz Acosta, participó también en la comparecencia, y recordó que una de las metas que el Plan Estatal de Desarrollo se fijó en materia de seguridad pública fue sacar a las dos principales ciudades del estado de la categoría de las más violentas del mundo, según las mediciones internacionales reconocidas en ese plan. Sin embargo, al final de la administración la meta aparece cubierta con apenas el cincuenta por ciento.
“Aunque ciertamente Mazatlán salió de esa categoría en 2019, al pasar del lugar número 27 al 43 durante el 2018, en el caso de Culiacán su posición ha ido de más a menos entre el 2019, 2020 y 2021, al pasar del lugar número 16 al 21 y mantenerse hoy en el lugar número 25, lo que obviamente incumple las metas en materia de seguridad”, expresó la legisladora.
“Es seguramente un avance que una de las dos ciudades haya desaparecido de las mediciones mundiales, pero que se mantenga en la que concentra la mayor población del estado explicaría el fracaso de las estrategias seguidas, considerando que los delitos de más alta incidencia, según los registros de la fiscalía general del estado, también se concentran en esta misma ciudad”, añadió para concluir.
