El diputado José Antonio Crespo, del Grupo Parlamentario de MORENA, tomó tribuna este jueves para exigir al gobierno del estado a que transparente el uso de recursos públicos en la adquisición de nuevas unidades de transporte público concesionadas a particulares.
El legislador explicó que es responsabilidad de los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte, mantener sus unidades en condiciones óptimas y renovarlas cuando rebasen la antigüedad máxima permitida.
“No son obligaciones asignadas a cambio de nada, sino de una tarifa que aumenta regularmente. De acuerdo a la ley, los concesionarios deben lograr la rentabilidad suficiente que permita el sostenimiento y mejora constante del servicio, renovación periódica de los vehículos y una ganancia legítima”, esgrimió el legislador.
“Sin embargo, en los hechos el financiamiento estatal fluye sin control y sin reglas, como lo mostró la entrega de 100 nuevas unidades el 30 de enero y de 50 más este 22 de mayo, mediante una operación crediticia que alcanza 194 millones, de los cuales 21 millones 435 mil 747 pesos ha resultado una aportación unilateral y directa del gobierno del estado”, agregó Crespo.
Esta cantidad, de acuerdo a los medios de comunicación, es para el enganche del financiamiento total, y serán transportistas se encargarán de aportar los 173 millones restantes.
“El problema no es ese, sino que se ignore la ley, no sólo en relación a la inexistencia de la comisión, sino que además por las consecuencias de la omisión, se aporten recursos públicos a particulares, concesionarios de un servicio público”, expresó el legislador morenista.
“Este es un caso similar a las inversiones estatales en los bienes deportivos propiedad de los municipios, que ciertamente nadie puede negar que fortalecen la infraestructura deportiva, pero que resultan muy convenientes cuando benefician en primera instancia a los particulares concesionarios que sólo por casualidad se trata de amigos personales del gobernador” agregó el legislador en tribuna.
Para finalizar, expuso que la Auditoría Superior del Estado le debe al Congreso, pero principalmente a la sociedad, una explicación sobre el uso de recursos públicos en estas condiciones, y de igual forma el gobernador está obligado a informar si se trata de un regalo, o si se van a reintegrar a las arcas públicas, al menos en lo que resta de su gobierno.
“Esperamos contar con esa información antes de que en este pleno se comiencen a revisar los informes de cuenta pública en los próximos días”, concluyó el legislador.