Graciela Domínguez Nava, sostuvo que el Grupo Parlamentario de morena no avala una cuenta pública con 4 mil millones de pesos ejecutados con opacidad por parte del Gobierno del Estado en la inversión de la obra pública, enfocados principalmente en la construcción de estados deportivos para beneficio de particulares, mientras se olvidan los sectores sociales.
En encuentro con los medios de comunicación, Graciela Domínguez aclaró también que el Gobernador del Estado no tiene las facultades legales para vetar los acuerdos discutidos y aprobados por el Congreso del Estado referentes a los informes de las cuentas públicas, y que al hacerlo invade y obstruye las labores del Poder Legislativo.
“Más que un asunto jurídico observamos un interés político por parte del Ejecutivo al buscar intervenir en este tema de las cuentas públicas, es muy claro que la Ley no le da el derecho de veto, pues se trata de acuerdos y no decretos. Seguramente es la resistencia que se sigue manteniendo, debido a que el Ejecutivo ya no decide en el Poder Legislativo”, resaltó.
“Una vez más el Ejecutivo no respeta la división de poderes, pues al hablar de materia de fiscalización se trata de una facultad exclusiva del Congreso, no tenemos ninguna duda de que estas observaciones son notoriamente improcedentes, y confiamos en que la Mesa Directiva resolverá en ese sentido pues no existen argumentos legales”, concluyó la líder de los morenistas.
Agregó que el pasado 11 de junio, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Obras Públicas para combatir la opacidad con la que se ejerce el recurso público en este sector, y a casi dos meses de su aprobación, estas reformas aún no han sido publicadas por el Poder Ejecutivo.
“Vemos una resistencia del Gobierno del Estado en publicar estas reformas porque quieren seguir administrando el recurso público, de este ejercicio fiscal 2020 que está corriendo, con toda la discrecionalidad que les da la ley actual; al no permitir que entren en vigencia las reformas que realizamos en el Congreso”, agregó la líder de los morenistas.
La Presidenta de la Junta de Coordinación Política agregó que las cosas en el Congreso del Estado han cambiado, pues ya no existe una mayoría priista que en el pasado aprobaba todas las cuentas públicas independientemente de las irregularidades, denuncias de desvío de recursos y gastos no comprobados. Ahora la mayoría morenista se rige con la máxima de que cada peso cuenta y debe ser empleado en el marco de la legalidad.
También destacó que a pesar de que en el 2018 el Gobierno de Sinaloa recibió excedentes por más de 8 mil millones de pesos por parte del Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, y de que se retuvieron a los trabajadores más de 300 millones de pesos que no se reportaron al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, el Gobierno de Quirino Ordaz no tuvo la sensibilidad y la responsabilidad de cubrir el adeudo que se arrastra con esta institución.
“Queda claro que tenemos un gobierno indolente al que no le interesa el bienestar de sus trabajadores, ni la inversión pública para el desarrollo y bienestar de su pueblo, sino que priorizó invertir en estadios de fútbol y béisbol que son para un beneficio privado y no un beneficio social”, concluyó Graciela Domínguez.
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