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Impulsa morena legislación en materia de desplazamiento forzado

La LXIII Legislatura con mayoría morenista, inició este miércoles una serie de reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, en materia de proceso legislativo para atender la problemática del desplazamiento forzado interno en Sinaloa.


Reconociendo la presencia del Maestro Mauro Santos Caballero y la Maestra Teresa Pimentel Vázquez de la Secretaria de Gobernación, la presidenta de la Junta de Coordinación Política de esta LXIII Legislatura, Graciela Domínguez Nava, dio el mensaje de bienvenida para el ciclo de mesas de trabajo que se extenderá del 4 al 6 de marzo.


“Es de gran trascendencia, porque representa la oportunidad real de responder con una legislación que atienda una de las peores consecuencias de la violencia que padecemos en nuestro estado”, observó la coordinadora del Grupo Parlamentario de morena.


Recordó que desde 2012 la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos ha señalado la necesidad de atender esta problemática, y resaltó que el Consejo Noruego para Refugiados, coloca a Sinaloa entre los 7 estados con mayor desplazamiento forzado, mientras que el penúltimo informe sobre desplazamiento interno 2017, producido por este mismo consejo, ubicó a México en el lugar número 19 del mundo con 311,000 víctimas de esta problemática, por encima de Libia y Palestina.


Agregó que durante el primer año de ejercicio de esta Legislatura, se presentaron dos iniciativas sobre la creación de leyes que auxilien, protejan y atiendan a las personas desplazadas por la violencia, una para incorporar al desplazamiento forzado al código penal y una más para crear el observatorio ciudadano en esta materia en la legislación de seguridad pública.


“Pese al amplio reconocimiento de esta problemática en México por organismos internacionales, localmente este tema se ha minimizado. En 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos refería el caso de 1,047 personas reconocidas por la Secretaria de Desarrollo social del Gobierno del Estado, mientras que la organización Refugiados Internacional en su informe Las víctimas invisibles de México, asegura que desde el 2012 la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa le refirió la presencia de 25 mil desplazados por la violencia”, expuso Graciela Domínguez.


“Para brindar atención elemental a las personas desplazadas, esta Legislatura etiquetó 30 millones de pesos durante el 2019, y para el 2020 se etiquetaron 40 millones de pesos de manera específica para vivienda, de modo que una legislación propia puede hacer posible responder en mayor medida a enfrentar esa problemática”, concluyó la presidenta de la JUCOPO.


Por su parte, Mauro Santos Caballero, destacó que la actual administración federal ha reconocido esta problemática, ignorada por gobiernos anteriores, lo que significa un gran para su atención.


“Como secretaría de Gobernación venimos enfrentando un problema que se había invisibilizado. Durante muchos años, gobiernos anteriores no quisieron reconocer el problema de desplazamiento forzado interno debido a sus implicaciones políticas. Pues significaba recocer que no se podían garantizar los derechos de seguridad mínimos para estas personas”, argumentó.


“El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoce que el hecho de no hablar del desplazamiento forzado, no evita que las personas afectadas sufran sus consecuencias. La idea es elaborar una iniciativa de ley que permita al estado mexicano atender esta problemática. Es un gusto trabajar con el Congreso el Estado de Sinaloa, en el que reconocemos un esfuerzo considerable para atender a esta población y dar una respuesta por parte del Estado a través de una política pública”, agregó.


Teresa Pimentel, por otro lado, aseguró que es un tema que requiere el trabajo conjunto del Gobierno Federal con los estados en los que se presenta esta problemática, como es el caso de Sinaloa.


“A partir del 2019 el Gobierno de México reconoce y acepta que este fenómeno existe, y se le da la encomiendo a la sub secretaria de derechos humanos para que la unidad de política migratoria, registro y movilidad de personas, en el contexto más extenso de movilidad humana, pueda atender el tema de desplazamiento forzado interno”, observó.


“Reconocemos el gran esfuerzo que hace el Congreso de Sinaloa en este tema, y nos congratulamos de poder participar y opinar en la implementación de una ley para prevenir, atender y reparar este fenómeno”, concluyó la funcionaria federal.




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