No podrán aspirar a puestos públicos deudores alimentarios y condenados por violencia de género

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, aprobó este lunes de manera unánime un dictamen para reformar y adicionar diversas fracciones de los artículos 25, 56 y 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, implementando el formato 3 de 3, con el propósito de prevenir y erradicar la violencia de género en el ámbito de la participación política.

Estas reformas tienen el propósito de inhibir conductas que contribuyan a la cultura de la violencia, que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar, doméstica y sexual, así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La diputada Almendra Negrete, integrante del Grupo Parlamentario de morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, reconoció la unión de todas las fuerzas políticas que integran la LXIV Legislatura, para trabajar en una agenda en favor de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres en todas sus formas.

“Las voluntades políticas que aquí convergen, nos hemos quitado la playera y los colores para legislar en favor de las y los sinaloenses, unidos por la causa de erradicar la violencia contra las mujeres. Reconocemos a todos y todas las legisladoras de todas las fuerzas políticas por sumarse a favor de las mujeres”, expresó Almendra Negrete.

Con las reformas aprobadas, las ciudadanas y ciudadanos que pretendan acceder a cualquier cargo público, ya sea regidurías, sindicaturas de procuración, presidencias municipales, diputaciones locales y gubernatura del estado, tendrán que cumplir como parte de los requisitos de elegibilidad el no aparecer inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos, no haber sido condenados por el delito de violencia política contra las mujeres, y por delitos contra la familia, la libertad sexual y su normal desarrollo.

Tampoco podrán ser electas las personas que habiendo obtenido su registro como candidatas a algún cargo de elección popular hayan sido sancionadas por las autoridades electorales en el estado por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género; y las personas que habiendo ejercido algún cargo de elección popular o dentro del servicio público hayan sido sancionadas por las autoridades electorales en el estado por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género.

“De esta manera garantizamos el ejercicio de los derechos políticos electorales, en condiciones libres de todo tipo de violencia. Porque la violencia en razón de género es uno de los tipos más generalizados en el mundo, y así abonamos para prevenir y erradicar la violencia en el ámbito de la participación política, terminando con conductas que siguen construyendo la desigualdad entre hombres y mujeres”, manifestó la diputada Minerva Vázquez González.

“De manera muy integral tiene que haber observancia y sanción ante el incumplimiento del principio de paridad. Buscamos fortalecer este principio en toda la función pública y establecer una causal de responsabilidad administrativa a los servidores públicos que caigan en esta responsabilidad. Esta es la una Legislatura feminista, porque en materia política persiste la desigualdad, y tenemos que cambiar de manera gradual los patrones, en el Grupo Parlamentario de morena, estamos convencidas y convencidos de que para que las mujeres puedan ejercer en forma plena sus derechos humanos, deben tener participación activa en la toma de decisiones y decidir en la vida pública. Reconociendo la participación de todos los Grupos Parlamentarios, en esta Legislatura, 23 mujeres estamos haciendo la diferencia”, añadió para concluir la morenista.