La presidenta de la Junta Coordinación Política en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, destacó en su participación dentro del marco de la instalación del Grupo Técnico de Coordinación y Colaboración para la implementación del Protocolo Alba en Sinaloa, que este mecanismo aspira a terminar con la indolencia del Estado que sufren los familiares de niñas y mujeres desaparecidas.
El evento fue presidido por Graciela Domínguez Nava, la presidenta de la Mesa Directiva Gloria Himelda Félix Niebla, y el titular de la Fiscalía General de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo. Para el cumplimiento de los propósitos del Protocolo Alba se requiere de la instalación de este grupo técnico, mismo que a invitación de la Fiscalía General estará integrado por servidores públicos municipales, estatales y federales.
La toma de protesta estuvo a cargo de la diputada Francisca Abelló Jordá, presidenta de la Comisión de Equidad Género y Familia.
En su mensaje, Graciela Domínguez recordó que durante los días 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos de mujeres en el terreno conocido como “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Siete de estas víctimas habían desaparecido, entre ellas Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez y como ellas, decenas de mujeres si no cientos, corrieron la misma suerte desde 1993 en esa ciudad”, expresó la también coordinadora de la bancada morenista en el Congreso.
“La prensa internacional identificó el episodio como las muertas de Juárez, en realidad el peor, tristemente célebre y prolongado caso de feminicidio recurrente que se tenga memoria en este país”, lamentó la morenista.
Resaltó que las víctimas fueron buscadas siempre por sus familiares, empezando al despuntar el alba, una palabra propia de la búsqueda de niñas y mujeres desparecidas después del 2003.
Como resultado, un mecanismo operativo de coordinación inmediata para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas de carácter local, se transformó en el Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas para Ciudad Juárez Chihuahua, que adoptó para su definición el de “Protocolo Alba” presente en la mayor parte del país.
“Haber alcanzado esa condición, no fue fácil. Los familiares de las víctimas, ignorados dentro y fuera del país, debieron de recurrir a la corte interamericana de derechos humanos que el 16 de noviembre de 2009 falló en contra del Gobierno Mexicano dictando la implementación de medidas para la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas”, apuntó.
“Otros “campos algodoneros” hay en Sinaloa. Desde que la Alerta de Violencia de Género fue declarada el 31 de marzo de 2017, se han cometido 163 casos feminicidios en el estado”, denunció la morenista.
Agregó que en el último año se activaron al menos 50 Alertas Amber en Sinaloa, y que de 2002 hasta junio de 2018, sumaban 512 casos de niñas y niños no localizados en el estado.
“Todos estos casos constituyen una vergüenza para cualquier sociedad, pero en Sinaloa el coraje de los familiares de cientos de niñas y mujeres desaparecidas buscadas al despuntar el alba, obligó al estado mexicano a buscarlas”, resaltó la legisladora.
“Que los resultados de este esfuerzo, sean que el despertar de los familiares con niñas y mujeres desaparecidas, no tenga más la indolencia del Estado Mexicano”, concluyó Graciela Domínguez.
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