El diputado José Rosario Romero, integrante del Grupo Parlamentario de morena, calificó como imprudentes e infundadas las declaraciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en el sentido de que analizan la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad a las recientes reformas a la Ley de Obras Públicas aprobadas por el Congreso del Estado.
Dichas reformas, que pretenden acabar con la opacidad y con toda posibilidad de corrupción en la obra pública mediante diversos mecanismos como el fortalecimiento de la figura del testigo social, fueron aprobadas de manera unánime por todas las fuerzas políticas durante la sesión del pasado 11 de junio, y el decreto correspondiente se publicó por el gobernador tres meses después, el 7 de Septiembre.
“Es importante destacar por qué, como Congreso, le dimos al sistema anticorrupción una responsabilidad preponderante en las reformas a la ley obras públicas; se la dimos en primer lugar, porque estudios independientes como el de la Organización no Gubernamental Centro de Análisis México Evalúa, ubican al de la construcción de obra pública como el sector más corrupto del país y del mundo, produciendo baja calidad, baja rentabilidad económica y social, y precios más elevados de lo previsto”, inició el legislador morenista.
“Desde el sistema de las Naciones Unidas con su Convención contra la Corrupción en 2003, se aportó desde México, la necesidad que los gobiernos promovieran y fomentaran la participación de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, en la prevención y la lucha contra la corrupción mediante acciones que aumentaran la transparencia”, apuntó José Rosario Romero.
Observó además, que a pesar de estos precedentes, según las estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el Centro de Estudios del Sector Privado; el costo de la corrupción en México ha sido alrededor del 10 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual es una de las razones de que la principal lucha del gobierno federal desde el primero de diciembre del 2018, sea abatir la corrupción.
Agregó que en materia de obra pública las principales observaciones de la cuenta pública en Sinaloa se refieren a más de cuatro mil millones invertidos, sin expedientes debidamente integrados entre otros, en materia de contratos y hasta de falta de registros de la propiedad de terrenos donde se realiza obra pública; incumplimiento generalizado de normas, incluso las que obligan al gobierno del estado a presentarle a este Congreso el programa anual de obras públicas y evidentes acciones de beneficio empresarial, particularmente amistades y familiares del gobernador, disfrazadas de inversión pública.
“Por todo eso, sorprenden las imprudentes declaraciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa en las que anuncian interponer un recurso de inconstitucionalidad a las recientes reformas a la Ley de Obras Públicas, porque dicen no estar de acuerdo con las disposiciones que los obliga a intervenir en el proceso de designación de los ciudadanos en los comités de obra y arguyen como principal argumento que la ley general no les permite hacer lo que deben, es decir, vigilar que los servidores públicos, no le metan la mano al bolsillo de la gente y sigan amasando fortunas al amparo del servicio público”, criticó el legislador morenista.
“Para las diputadas y diputados de Morena, esas lamentables expresiones, dibujan de cuerpo entero la falacia de lo que se conoce como sistema anticorrupción, para evidenciarlo como un instrumento que sirve a la simulación y nunca a las exigencias de la sociedad de enfrentar donde esté toda acción corrupta, como el de la entrega de recursos públicos a particulares, concesionarios de estadios, algunos a título materialmente gratuito, a los que se ha entregado mil 400 millones de pesos, en lo que va del gobierno de Quirino Ordaz”, agregó, citando los 652 millones por el estadio de futbol en Mazatlán, a Ricardo Salinas Pliego; los 402 millones a la familia Toledo Corro, por la remodelación del estadio Teodoro Mariscal y 400 millones de pesos más al ex dirigente del PRI en Sinaloa, Joaquín Vega Acuña por la remodelación del estadio Emilio Ibarra en Los Mochis.
“¿Al servicio de quién están los integrantes del sistema anticorrupción en Sinaloa, cuando existe infinidad de casos sin claridad y se resisten al cumplimiento de la ley? No tienen razón en su reclamo de normas a modo. Nada obliga a este congreso a copiar leyes de otra parte”, estableció José Rosario Romero.
“Y tampoco les asiste el derecho para negarse a aceptar las reformas en materia de obras pública y mucho menos recurriendo a la Corte con una acción de inconstitucionalidad, cuando no figura ni el sistema anticorrupción y menos su comité de participación ciudadana en el listado de órganos y servidores públicos facultados para ello”, concluyó el morenista.
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