La LXIII Legislatura aprobó, con 22 votos a favor y 17 en contra, el dictamen de la Comisión de Fiscalización que rechaza el informe General Ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2018.
Marco César Almaral, integrante del Grupo Parlamentario de morena, participó en la discusión y recordó que el Pueblo de México votó por un cambio profundo el 2018, combatir la corrupción e impunidad; transparentar el uso de sus impuestos y servir con honestidad.
“Las diputadas y diputados de Morena rechazamos el Informe General Ejecutivo de resultados de la cuenta pública 2018, en primer lugar porque hay omisiones inaceptables, hay simulación para cumplir con la fiscalización en el marco jurídico de la anterior legislatura. El informe general fue introducido al marco jurídico sólo para guardar apariencias, cuando para comenzar supone ordenar al Congreso la revisión de la cuenta pública, sin precisar si se refiere a la del estado, a la de los municipios o de cualquier ente, mediante la aprobación o el rechazo de un dictamen del Informe General, como éste, con independencia del desorden, desaseo o irregularidades en el manejo del erario que evidencien los informes individuales”, manifestó Marco César Almaral.
“¿A quién ha servido el galimatías en materia de revisión de cuentas públicas? a quienes han realizado el gasto con opacidad, más allá de colores políticos, porque se cambió hasta el lenguaje, cuando en lugar de cuentas, lo que se dictaminan son simples informes”, añadió el diputado.
“Quiero destacar la retención de 337 millones 563 mil pesos de cuotas a los trabajadores para ser destinadas al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal de 2018 que no fueron entregadas. A pesar de tener ingresos extraordinarios por casi 8 mil 400 millones de pesos. El colmo de la frivolidad e insensibilidad con los empleados del STASE”, agregó el legislador morenista.
También detalló el exceso gasto en la Oficina del Gobernador al ejercer 41 millones 323 mil pesos, pese a tener presupuestado 30 millones 363 mil pesos, en la Secretaria General de Gobierno que pese a tener 479 millones 463 mil pesos aprobados gastó 642 millones 948 mil pesos, la Dirección de Asuntos Agrarios dispuso de 130 millones 711 mil pesos pese a tener sólo 37 millones 26 mil pesos de presupuesto.
Añadió que la Secretaría de Administración y Finanzas gastó mil 65 millones 554 mil pesos, pese a tener un presupuesto de 834 millones 876 mil pesos; mientras que la Dirección de Bienes y Suministros ejerció 153 millones 907 mil pesos, pese a tener presupuestos tan sólo 25 millones 459 mil pesos; entre otras dependencias.
“Los integrantes del Grupo Parlamentario PRI piden no politizar las cuentas públicas, las cuentas públicas más que nunca deben transparentarse ante el Pueblo de Sinaloa, que paga sus impuestos, pero el Gobernador no publicó los Decretos de los informes de cuenta pública del ejercicio anterior 2017, no sólo en relación a sus gastos, sino también del resto de los poderes, de los 18 municipios, incluyendo hasta los que tienen que ver con las juntas de agua potable, como si en todos ellos tuviera algo que esconder del opaco manejo del presupuesto estatal”, reflexionó el legislador morenista.
Señaló que la protección del gasto oscuro y por lo tanto proclive a la acción corrupta, resulta inadmisible cuando se da de parte del órgano técnico de revisión, cuya titular no cumple con una fiscalización imparcial.
“Quienes duden, deberían ver el informe de la auditoría específica del caso de los colchones podridos, en el que la cúpula de la ASE dice no haber encontrado a ningún funcionario público responsable en la compra y distribución de esos colchones apestosos y antihigiénicos”, recordó.
“La ASE sólo acepta el hecho que la tesorería entregó 11 millones a la Secretaría de Desarrollo Social para atender la contingencia que produjeron las lluvias en septiembre del 2018, pero de las razones del despido de su titular y de la detención de un empleado de tercer nivel, se dejan a la imaginación, cuando a pesar de haber sido producidos por la entrega de colchones podridos, son hechos que en el informe se omiten, a pesar que este Congreso dispuso que ese evidente caso de corrupción fuera auditado”, concluyó el legislador morenista.
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