En sesión extraordinaria desarrollada este sábado en el Congreso del Estado, y con el apoyo de los diputados del Grupo Parlamentario de morena, el Pleno del Poder Legislativo aprobó por mayoría un acuerdo para que se dé inicio al proceso de consulta para la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez explicó que consulta a la comunidad universitaria se realizará los días 11 y 12 del mes en curso, seguida de un foro de Parlamento Abierto el día 13, para lo cual se han previsto todas las medidas técnicas necesarias para garantizar la integridad del proceso, incluyendo la instalación de mesas receptoras de opinión en los accesos de las unidades académicas y centros universitarios.
Dijo que el proceso comenzará con una serie de jornadas informativas dirigidas a la comunidad universitaria, las cuales se llevarán a cabo durante los próximos días, a partir de este mismo sábado por la tarde, el domingo, lunes, y martes.
Castro Meléndrez mencionó que se espera una participación de alrededor de 200 mil miembros de la comunidad universitaria, entre estudiantes, docentes y personal administrativo, en todas las unidades académicas del estado, y para ello, se imprimirán la misma totalidad de boletas de consulta que serán distribuidas de acuerdo a la población de cada centro educativo.
Dijo que entre los temas a consultar están el mecanismo de elección de autoridades universitarias, incluyendo rector y directores de unidades académicas, la implementación de la gratuidad en la educación superior, según lo establecido en la Ley General de Educación y la participación igualitaria de mujeres y hombres en la administración universitaria y el Consejo Universitario.
Durante la discusión de este acuerdo, la cual se hizo ante el Pleno del Congreso, los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, Juana Minerva Vázquez González y Cecilia Covarrubias, hicieron uso de la tribuna para exponer su postura respecto a este paso adelante en el proceso legislativo que tiene más de 2 años en tránsito y se busca concluir, para cumplir con lo que mandata la Ley General de Educación.
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