Durante la ronda de comparecencias de los secretarios de la administración estatal con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la administración que encabeza Quirino Ordaz Coppel, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de morena le señalaron al Secretario de Desarrollo Social, Jorge Nazario Niebla Mendoza, que la Secretaria a su cargo fracasó en sus objetivos al no lograr abatir la pobreza, al no atender a los grupos vulnerables pese a la etiquetación de recursos de manera específica por parte del Poder Legislativo, y al no manejar los recursos con transparencia y eficacia como lo demuestra el escandaloso caso de las tarjetas electrónicas para el Programa Especial y Emergente Alimentario durante la emergencia sanitaria que se operó de manera discrecional y sospechosamente durante tiempos electorales.
El diputado José Manuel Luque Rojas realizó el posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de morena, y estableció que el Plan Estatal de Desarrollo reconocía a Sinaloa como el estado con mayor porcentaje de población en pobreza y el segundo con mayor porcentaje en pobreza extrema, en todo el noroeste del país.
Añadió que se reconocía al 39 por ciento de la población, entonces integrada por un millón 167 mil 66 sinaloenses que se encontraban en situación de pobreza, y se proponía abatir la carencia en vivienda mediante un programa estratégico de pisos, techos y muros en las zonas urbanas y rurales de mayor grado de marginación.
El Plan Estatal de Desarrollo aseguraba también que se propiciaría, en beneficio de la comunidad, los programas de paquetes de materiales y asistencia técnica para la ampliación y mejoramiento de la vivienda en colonias populares y zonas rurales. Y entre otras, generar oportunidades de desarrollo integral con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población sinaloense y redireccionar apoyos hacia programas sociales que permitan el empoderamiento de individuos excluidos y comunidades marginales.
“Sin embargo, ninguno de los ejes programáticos señalados tienen referencia alguna en el último informe. No obstante, el documento asegura que en materia de desarrollo social la administración que está por concluir mantuvo una política con el objetivo de reducir la pobreza y las desigualdades y en la mejora de las condiciones de vida de los sinaloenses”, reprochó el legislador morenista.
El diputado observó que el último de los informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, refiere una población de 853 mil personas en situación de pobreza, 974 mil, en condición vulnerable por diversas carencias, 248 mil personas vulnerables por bajos ingresos y 73 mil sinaloenses en pobreza extrema. Estos informes muestran también la proporción de personas que no pueden adquirir la canasta básica con el ingreso de su trabajo en Sinaloa, señalan que el ingreso laboral per cápita real disminuyó 5.3 por ciento entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, al pasar de 2 mil 144 pesos a 2 mil 30 pesos y que el ingreso laboral per cápita real en el cuarto trimestre de 2020 es menor que el registrado en el cuarto trimestre de 2014, incluso en relación al mismo periodo de 2007.
“En materia de rezago habitacional, las propias estadísticas que se reconocen de manera institucional refieren haber retrocedido a niveles de 2019 con un 6.3 por ciento, en cuanto a la meta de disminuir el número de viviendas de una sola habitación atendidas con acciones de ampliación y mejoramiento respecto al parque habitacional, porque apenas se avanzó un par de décimas entre el 2020 y 2021 al pasar de 7.9 a 7.7 por ciento. Esas mismas metas muestran que con respecto al déficit habitacional, este año es superior con 10.3 por ciento, con relación al 7.2 por ciento con el que inició la administración, todo lo cual nos dice que en materia de desarrollo social, las metas auto determinadas en el Plan Estatal de Desarrollo no fueron alcanzadas”, aseguró el legislador morenista.
Participó también en la comparecencia, la diputada integrante del Grupo Parlamentario de morena Cecilia Covarrubias González, quién expuso el último informe de gobierno que la administración pública ha mantenido una política de desarrollo social inclusiva, que ha privilegiado la atención hacia las capas más vulnerables de la población y procurado construir una sociedad más justa, cohesionada, equitativa y participativa.
“Sin embargo el Informe de pobreza y evaluación 2020 del estado de Sinaloa publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, no brinda resultados satisfactorios. El estudio reconoce por ejemplo 338 mil 400 menores de edad en situación de pobreza, así como 90 mil 400 personas adultas mayores y 476 mil 300 mujeres en la misma situación”, expuso la morenista.
Añadió que el porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza, equivale a aproximadamente 91 mil 900 personas, el número de personas en pobreza modera subió a 946 mil personas, y a un millón 59 mil personas, la vulnerabilidad por carencias sociales
“Por eso quiero preguntarse, si en cuanto a la reducción de los niveles de pobreza, miente el CONEVAL o lo hace el gobierno del estado, señor secretario. Se lo pregunto porque el 31 de enero del 2019 fue publicado el Acuerdo por el que se da a conocer el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, ese documento dice que en Sinaloa todavía existían en el año de referencia 136 mil familias sin acceso al agua potable, 223 mil más carecían del servicio de drenaje, y que incluso 14 mil familias no tenían todavía acceso a la energía eléctrica. El 2.7 de la población sinaloense está en condición de pobreza extrema, el 30.9 por ciento en condición de pobreza, el 28.2 en situación de pobreza moderada y sólo el 28.1, con carácter de población no pobre y no vulnerable, todo lo cual, sin duda muestra el fracaso de la política de Desarrollo Social del Gobierno de Estado”, concluyó la morenista.
Jesús Ibarra Ramos, en su participación, criticó que pese a que el 22 de agosto del año pasado entró en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento forzado interno, la primera en su tipo en el país diseñada especialmente para responder al serio problema del desplazamiento de la violencia que enfrentan principalmente las comunidades de la sierra sinaloense, sin embargo que en la práctica esto no se ha atendido de manera adecuada.
“El Congreso del Estado, en la LXIII Legislatura etiquetó específicamente 50 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2021, para la atención de este sector vulnerable. Por eso le pregunto, de estos recursos. ¿Cuánto y en qué porcentaje se invirtió en adquisidores de terrenos, en lotes, y cuanto para generar condiciones de retorneo seguro. Cuántas personas regresaron a su hogar?”, cuestionó el legislador morenista.
“Esos 50 millones, divididos entre las mil 632 familias, representan 30 mil 637 pesos para cada familia, o divididos entre los mil 532 lotes representa 32 mil 851 pesos, o dividido entre las 110 viviendas son 450 mil pesos por vivienda. ¿Cuánto se fue en porcentaje a cada uno de estos rubros, cuánto de estos recursos realmente se aplicaron para beneficiar a los desplazados por la violencia?”, concluyó Jesús Ibarra Ramos.
Verónica Bátiz Acosta, estableció en su participación que en el último informe dice que en el marco de la emergencia sanitaria generada por el virus del Covid 19, el gobierno del estado creó el Programa Especial y Emergente Alimentario a través del cual, entre mayo del 2020 a marzo de 2021 se entregaron 309 mil 24 tarjetas electrónicas activadas con 200 pesos mensuales.
“Si esto fue así, las 309 mil 24 familias que recibieron las tarjetas habrían recibido una aportación estatal de 61 millones 804 mil 800 pesos, en una sola emisión. Es un programa importante sin duda, pero sin ninguna claridad de parte del gobierno del estado, pues el anexo dos de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 08/2020 el Suministro de despensas a través de tarjetas electrónicas para familias sinaloenses, solicitada por la Secretaría de Desarrollo Social, refiere la elaboración de sólo 200 mil tarjetas electrónicas, de modo que ya sobran 109 mil 24 de ellas de las que no se da ninguna explicación”, criticó la morenista.
“La información se hace más confusa, porque el penúltimo informe sólo refería la elaboración de 45 mil tarjetas de las 200 mil solicitadas, que supuestamente fueron entregadas en 2020. Como puede usted ver, no hay manera de darle veracidad al contenido del informe. ¿Por qué el último informe asegura que fueron apoyos mensuales, es decir que las 309 mil tarjetas fueron cargadas con 200 o 350 pesos más de una ocasión, dejando en una completa oscuridad este apoyo con recursos públicos?”, cuestionó Verónica Bátiz Ramos.
“El antecedente de la secretaría a su cargo con el caso de la entrega de colchones podridos para las familias damnificadas por las lluvias de la tormenta 19-E, en octubre del 2018, del que nadie en el gobierno del estado se hizo responsable y del que ni la fiscalía y menos la auditoría superior, al parecer tampoco quisieron saber nada, hace que este confuso caso de la entrega de 200 o de 350 pesos mediante supuestamente 309 mil tarjetas electrónicas, se preste a suspicacias, por decirlo suavemente. ¿Por qué no se entregaron los 309 mil apoyos el primer año de la pandemia, para terminar distribuyéndose de manera muy conveniente durante el transcurso del proceso electoral, o le parece perverso?”, concluyó la legisladora morenista.
