El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa ha dado un paso significativo hacia la mejora de la movilidad y la seguridad vial de los ciudadanos, gracias a la aprobación de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Movilidad Sustentable y a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.
El objetivo principal de estas modificaciones es garantizar la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos diarios, además, esta legislación busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aprobada por el Congreso de la Unión.
Una de las modificaciones más notables es el cambio de nombre a Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa, lo cual refleja el énfasis en la seguridad vial como componente crucial de la movilidad.
Las reformas aprobadas establecen una serie de principios y bases para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones óptimas, entre las que se incluyen la seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad
La nueva legislación define la movilidad como un derecho fundamental de toda persona, que implica no solo el traslado, sino también la disposición de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible. Este enfoque coloca a las personas en el centro del diseño y desarrollo de planes, programas, estrategias y acciones en materia de movilidad.
Un aspecto destacado de las reformas es la introducción del concepto de seguridad vial, definido como el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones destinadas a prevenir siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes.
Para lograr esto, las autoridades deberán enfocarse en seis áreas clave que son la infraestructura segura, velocidades seguras, vehículos seguros, usuarios seguras, atención médica hospitalaria, así como seguimiento, gestión y coordinación
Las modificaciones también establecen la creación de un Fondo Estatal para la Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, de carácter público-privado, que tendrá como objetivo captar, administrar y aportar recursos para mejorar las condiciones de infraestructura, seguridad vial y acciones de cultura en materia de movilidad.
Estas reformas buscan no solo reducir la tasa de accidentes y mortalidad derivada de fallas en la seguridad vial, sino también proporcionar un marco legal que permita al Estado mejorar los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la movilidad y seguridad vial. Se espera que esto resulte en medios de transporte de calidad, eficientes y con criterios ambientales, garantizando un espacio seguro para transitar, vivir en paz y con dignidad para todos los sinaloenses.
La aprobación de estas reformas marca un avance importante en la política de movilidad de Sinaloa, alineándola con los estándares nacionales y las mejores prácticas internacionales. Se prevé que su implementación tendrá un impacto significativo en la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando la seguridad en los desplazamientos y promoviendo una movilidad más sostenible e inclusiva en todo el estado.
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